Espionaje, lavado de activos: la Fiscalía cubana imputa al ex viceprimer ministro y exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández tras más de un año de prisión preventiva. Diario de Cuba.

El abanico de delitos alcanza la decena, entre ellos malversación, evasión fiscal y cohecho.

La Fiscalía General de la República de Cuba informó oficialmente este viernes que ha presentado cargos contra el ex viceprimer ministro y exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, por un amplio abanico de delitos que incluye espionaje, malversación, lavado de activos, evasión fiscal, tráfico de influencias y cohecho, entre otros.

En una nota publicada por el diario oficial Granma, casi dos años después de la destitución y en medio de la vorágine del huracán Melissa que devastó el oriente cubano, la Fiscalía dijo que las investigaciones —dirigidas por el Ministerio del Interior (MININT)— "garantizaron el debido proceso" y que los acusados enfrentan peticiones de sanciones privativas de libertad.

El comunicado también menciona otros delitos menos comunes en procesos de este tipo, como la "infracción de normas de protección de documentos clasificados" y la "sustracción o daño de documentos en custodia oficial".

El Tribunal Supremo Popular confirmó al órgano del Partido Comunista de Cuba que la causa fue radicada en esa instancia y se encuentra "en tramitación conforme al debido proceso", sin ofrecer detalles sobre la fecha del juicio ni el número de implicados además de Gil.

Un año y siete meses después de su destitución

Gil, considerado durante años uno de los hombres de confianza del gobernante Miguel Díaz-Canel, fue destituido en febrero de 2024 en medio de una creciente crisis económica y fuertes rumores de corrupción dentro del régimen. Un mes después, Díaz-Canel reconoció públicamente la existencia de una investigación por "graves errores" y "conductas incompatibles con la ética de la Revolución".

Desde entonces, el exministro ha permanecido en prisión provisional, aunque el régimen no había ofrecido información sobre los avances del caso hasta ahora.

Con la presentación formal de cargos, se confirma que el proceso contra Gil se extiende más allá de las habituales acusaciones de corrupción administrativa, incorporando el grave delito de espionaje, algo inusual en funcionarios de su nivel y sin precedentes recientes en la cúpula.

El espionaje es un delito específico que implica obtener, transmitir o entregar información sensible o clasificada a una potencia extranjera o a sus agentes, con la intención de perjudicar la seguridad del Estado. En el Código Penal cubano (Ley 151/2022, artículos 112-115), el espionaje se considera un delito contra la seguridad del Estado y puede conllevar penas de hasta muerte o cadena perpetua, dependiendo de la gravedad.

De arquitecto de la "Tarea Ordenamiento" al principal acusado

Economista de formación, Gil Fernández fue nombrado ministro de Economía y Planificación en 2018 y tuvo bajo su responsabilidad la implementación de la "Tarea Ordenamiento", la reforma monetaria que buscaba eliminar la doble moneda en Cuba. La medida, ejecutada en 2021, derivó en una profunda crisis inflacionaria y un deterioro sin precedentes del poder adquisitivo de la población.

Durante su gestión, también encabezó las medidas de ajuste fiscal y la polémica subida de precios de combustibles, que alcanzó incrementos de hasta el 400%.

Su destitución fue presentada por la propaganda oficial como parte de una campaña anticorrupción, promovida por el Gobierno en medio de un creciente malestar social y económico. Sin embargo, el hermetismo sobre el caso y la falta de transparencia judicial despertaron sospechas de purga política interna dentro del aparato estatal.

Ni la Fiscalía ni los tribunales han ofrecido información sobre la situación procesal del exministro ni sobre el estado de los otros acusados mencionados en la nota oficial. Tampoco se ha aclarado la naturaleza de las supuestas actividades de espionaje ni a favor de quién habrían sido cometidas.