Con 1 214 presos políticos el régimen cubano anuncia que excarcelará a 51 presos en lo que califica de gesto hacia el Vaticano previo a la Semana Santa. Diario de Cuba.

El MINREX dice que la decisión responde al 'espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones' con el Vaticano.

El régimen cubano anunció que excarcelará en los próximos días a 51 personas sancionadas a prisión, en una decisión que el propio Gobierno vinculó a sus relaciones con el Vaticano y que llega en medio de persistentes denuncias sobre el elevado número de presos políticos en la Isla: más de 1.200, según el informe publicado este mismo jueves Prisoners Defenders.

El anuncio fue realizado el jueves mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), que afirmó que la medida responde al "espíritu de buena voluntad" y en el marco de las "estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano".

Según la nota, las personas beneficiadas "han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión". El Gobierno aseguró además que la decisión coincide con la proximidad de las celebraciones religiosas de la Semana Santa.

El régimen insistió en que se trata de una "decisión soberana" y de una "práctica habitual" dentro del sistema de justicia penal cubano, que calificó como parte de la "trayectoria humanitaria de la revolución".

De acuerdo con cifras oficiales citadas por el MINREX, desde 2010 el Gobierno ha concedido indultos a 9.905 reclusos. Asimismo, aseguró que en los últimos tres años otros 10.000 presos han sido excarcelados mediante distintos beneficios penitenciarios. Estos datos no han podido ser verificados de manera independiente.

Las excarcelaciones en Cuba no constituyen indultos, sino beneficios penitenciarios que permiten a los reclusos salir de prisión antes de extinguir su condena, generalmente bajo determinadas condiciones.

El anuncio se produce tras recientes contactos entre autoridades cubanas y el Vaticano. El ministro Bruno Rodríguez se reunió el pasado 28 de febrero en Roma con el papa León XIV y con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin. Durante esos encuentros, el pontífice ha abogado por el diálogo entre La Habana y Washington.

Ocho días antes, el embajador de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, también visitó el Vaticano y sostuvo conversaciones con el secretario para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher.

En ocasiones anteriores, el régimen ha realizado liberaciones de presos tras gestiones de la Santa Sede. La más reciente ocurrió en 2025, cuando La Habana anunció la excarcelación gradual de 553 personas tras un acuerdo con la Administración de Joe Biden, también con mediación del Vaticano.

Entonces, organizaciones como Prisoners Defenders, Cubalex y Justicia 11J denunciaron la falta de transparencia del proceso, manipulación de cifras y señalaron que muchos de los beneficiados no fueron liberados plenamente, sino excarcelados bajo beneficios penitenciarios restrictivos, mientras centenares de presos políticos permanecían en prisión.

En ese caso, Washington retiró temporalmente a La Habana de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, una medida que tenía fuertes efectos financieros para la Isla. Sin embargo, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca la nueva Administración volvió a incluir al régimen en esa lista.

Según la ONG Prisoners Defenders, a finales de febrero había en Cuba 1.214 personas encarceladas por razones políticas, la cifra más alta registrada por esa organización.

El nuevo anuncio se produce en medio de una profunda crisis económica y social en la Isla, marcada por apagones prolongados y escasez generalizada. Diversos gobiernos y organizaciones internacionales han reclamado reiteradamente la liberación de los presos políticos cubanos, especialmente los encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021.

Esta semana, durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que los presos políticos en Cuba cumplen los requisitos legales para acceder a beneficios de excarcelación anticipada, pero estos les son negados sistemáticamente como forma de castigo ejemplarizante. La organización afirmó que muchos permanecen en prisión hasta que el régimen decide utilizarlos como "moneda de cambio" en eventuales negociaciones. También pidió a la CIDH que promueva medidas de liberación para personas condenadas por delitos económicos vinculados a la crisis del modelo económico cubano.