El sistema de vigilancia construido con tecnología china sigue activo con Delcy Rodríguez. Por Ignacio Rodrigo. Diario de Cuba.

La caída de Maduro 'no se ha traducido en el desmantelamiento de la infraestructura autoritaria', advierten los autores de un informe recién publicado.

Pese a que Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero pasado y enjuiciado en Nueva York, en el país que gobernó y que ahora está bajo la presidencia de Delcy Rodríguez sigue intacto el sistema de control político sobre los ciudadanos que, usando tecnología de China, se instaló durante el llamado madurismo.

El informe "Los vigilantes en la mira: Tecnologías para el control político en Venezuela", publicado este 26 de marzo por la iniciativa venezolana "Conexión Segura y Libre" y el estadounidense Atlantic Council, sostiene que el sofisticado aparato de vigilancia y represión digital construido durante el largo gobierno de Maduro (2013-2025), no solo sigue intacto, sino que está plenamente operativo bajo la presidenta interina Delcy Rodríguez.

El documento de casi 90 páginas describe un entramado tecnológico de más de mil millones de dólares, tejida durante largos años con tecnología china, junto a la complicidad de empresas estatales y privadas, teniendo como telón de fondo un marco legal puesto al servicio de la perpetuación de Maduro en el poder.

Esa maquinaria incluye cámaras con reconocimiento facial, drones espía, aplicaciones que delatan, intercepciones masivas de comunicaciones y ciberataques sistemáticos. Lo más preocupante es que tal modelo de control no se desmanteló el 3 de enero, cuando Maduro fue captura y llevado ante la Justicia estadounidense.

La caída de Maduro "no se ha traducido en el desmantelamiento de la infraestructura autoritaria", advierten los autores del informe, Andrés Azpúrua e Iria Puyosa. "El aparato de vigilancia permanece completamente operacional bajo la Administración de Delcy Rodríguez", ratifican los dos investigadores.

Ni más ni menos se construyó un Estado policial digital con el sello "hecho en China". Para los expertos, el corazón del aparato es la videovigilancia. Lo que empezó como un supuesto sistema de "seguridad ciudadana" se convirtió en un arma de control político. Las empresas chinas CEIEC, Hikvision y Dahua dominan el mercado. Sus cámaras, equipadas con inteligencia artificial para reconocimiento facial y lectura de matrículas, están integradas en varios sistemas oficiales de monitoreo, con lo cual cualquier manifestante, cualquier opositor, puede ser identificado en minutos.

Las cámaras, sin embargo, son solo la capa visible. El informe destapa capas más siniestras. Drones comerciales que sobrevuelan zonas de protesta y residencias de opositores. No solo graban: intimidan. Rastreadores GPS colocados en vehículos de familiares de presos políticos incluyen micrófonos ambientales.

El chavismo —recuerdan los investigadores— nunca ocultó su obsesión por controlar hasta el último dato del ciudadano. El Sistema Patria, nacido como herramienta de asistencia social, se transformó en una base de datos masiva registrada a nombre del partido oficialista PSUV, no del Estado. Acceder a bolsas de comida, bonos económicos o gasolina con precios subsidiados, exige entregar datos personales que luego se cruzan con redes de contactos, opiniones y actividades. El informe lo define sin eufemismos: "extracción sistemática de datos y manipulación política".

Peor aún es VenApp, la aplicación que el régimen promueve para "denunciar" supuestas irregularidades pero que funciona como plataforma de delación masiva contra disidentes. Durante la operación represiva posteriores a las elecciones presidenciales de 2024 —un ejemplo paradigmático de la maquinaria represiva— se coordinaron denuncias en VenApp, grupos de delación en Telegram, campañas de intimidación en Instagram y allanamientos policiales.

El chavismo convirtió a los venezolanos en espías de sus vecinos, confirma el informe y lo que siguió al fraude electoral del 28 de julio de 2024 fue su punto más álgido.

Los cuerpos de Inteligencia y Seguridad del Estado, tales como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), ampliamente señalados por violaciones graves de los derechos humanos, han implementado un ciberpatrullaje sistemático que criminaliza cualquier expresión crítica en redes.

El informe documenta "patrones de persecución penal por la expresión en internet" basados en capturas de pantalla descontextualizadas, sin cadena de custodia ni prueba de daño. Numerosos procesos que generaron penas de prisión se han sostenido sobre tuits o mensajes de WhatsApp. El informe menciona incluso señales de posible uso de software espía comercial tipo FinFisher detectado en Caracas.

Y a todo esto que ocurre en Venezuela gracias a las nuevas tecnologías (al menos mientras Maduro estuvo en el poder) se suma la humillación física: revisiones de celulares sin orden judicial en alcabalas policiales, carreteras y aeropuertos.

El mensaje, según este informe, es claro: no hay espacio privado. El chavismo quiere saberlo todo. Y cierra el documento con lo que resulta sin duda la arista más preocupante. La presidenta interina Delcy Rodríguez, que ha señalado que Venezuela vive "un nuevo momento político" a partir de enero, no ha dado instrucciones para desmantelar este aparato de cibercontrol.

Por eso las recomendaciones del informe son urgentes: desmantelamiento inmediato del aparato de vigilancia, rendición de cuentas por parte de funcionarios venezolanos y empresas chinas, apoyo internacional a la sociedad civil y sanciones condicionadas de EEUU y la Unión Europea para que haya reformas reales que conduzca a la desaparición de este modelo de control sobre la ciudadanía.