¿Cómo recuperar la independencia judicial en Cuba? Un coloquio en Madrid plantea una hoja de ruta. Diario de Cuba.

'Es inadmisible iniciar una nueva república con jueces que hayan participado en la represión', destaca el director de Estrategias del OCDH, Yaxys Cires.

La ausencia de independencia judicial en Cuba "no responde a fallas aisladas ni a desviaciones puntuales, sino a un diseño institucional que subordina los tribunales al poder político", subrayó la exjueza cubana y abogada de DIARIO DE CUBA, Maylín Fernández Suris, en el informe "La ausencia de independencia judicial en Cuba: elementos formales y prácticos", presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

La presentación tuvo lugar durante el coloquio "La reconquista de la independencia judicial en Cuba", celebrado recientemente en Madrid y en el que Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH, destacó que "es inadmisible iniciar una nueva república con jueces que hayan participado en la represión".

El coloquio puso sobre la mesa que la reconstrucción de la independencia judicial será una condición indispensable en cualquier proceso de transición democrática en Cuba, indicó el observatorio, que sostuvo que "sin jueces capaces de controlar al poder no existe protección real de los derechos humanos".

Así, el informe de Fernández Suris hizo hincapié en que "la carrera judicial en Cuba no depende de criterios estrictamente profesionales, sino de mecanismos de selección, promoción y remoción atravesados por requisitos de fidelidad ideológica".

Por ello, Cires propuso "una revisión y auditoría profunda del poder judicial, de arriba abajo, con sustitución de personal donde corresponda y selección de jueces que no hayan estado implicados en causas políticas ni en violaciones de derechos".

"Es importante que en la Cuba que vamos a construir haya independencia de poderes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Queremos jueces que estén formados en valores, en principios deontológicos, que crean en una axiología. No puede haber derecho sin justicia", resaltó.

En tal sentido, el informe de Fernández Suris recoge testimonios que describen la coordinación entre la Seguridad del Estado, la Fiscalía, los tribunales y estructuras políticas para orientar decisiones en casos sensibles.

"Entre los patrones señalados figuran instrucciones sobre cómo resolver determinados procesos, obstáculos al derecho de defensa, uso abusivo de la prisión provisional, imposición de penas severas en causas políticas y represalias contra abogados y jueces", detalló el OCDH.

"Los jueces estábamos obligados a rendir informes sobre las decisiones que se tomaban y se nos indicaba incluso cómo proceder en estos casos", dijo la jurista cubana, al tiempo que denunció que los jueces son sometidos diariamente a control por parte de la Seguridad del Estado, tanto sobre su actuación profesional como sobre su vida personal.

Así, Cires apuntó que, en esa Cuba democrática en proceso de construcción, "se podrían conservar jueces y funcionarios que no han estado involucrados en la represión, por ejemplo, quienes han trabajado en lo civil, familiar o laboral", así como "convocar a juristas cubanos graduados, residentes en el extranjero y que cuenten con experiencia y formación especializada", puntualizó.

Para la elección de los nuevos jueces, Cires propuso que las fuerzas democráticas suscriban "un pacto político para la creación de una comisión compuesta por juristas de prestigio y actores de la sociedad civil y de derechos humanos que haga due diligence de los jueces actuales que deseen continuar —y de los candidatos a entrar al sistema—, basada en criterios de no participación en la represión, idoneidad, ética y ausencia de vínculos con el crimen organizado".

Además, señaló que "la transición deberá evitar dos riesgos: el colapso del sistema judicial y la judicialización innecesaria de todos los problemas de la transición".

"No todo conflicto tendrá que llegar a los tribunales, porque algunos procesos podrán canalizarse mediante normas generales, mecanismos administrativos o soluciones institucionales que reduzcan la sobrecarga y faciliten una reorganización ordenada", agregó.

Teniendo en cuenta tanto el informe como el coloquio, el OCDH propuso una "Hoja de ruta para la justicia en transición", basada en tres pilares: independencia y marco legal, evaluación y depuración, y renovación y eficiencia. Así, la organización aspira a "reconstruir el Estado de derecho y profesionalizar la judicatura".