Las 176 medidas económicas del Gobierno ignoran la emergencia humanitaria en Cuba, alerta Monreal. Diario de Cuba.

El economista cuestiona que el paquete oficial apueste por reformas productivas sin colocar la alimentación, la salud y otras urgencias sociales en el centro.

El economista Pedro Monreal señaló como una de las principales deficiencias del paquete de 176 medidas aprobado por el Gobierno la ausencia de un eje específico para enfrentar la emergencia humanitaria que atraviesa Cuba.

En una publicación en X, Monreal retomó los planteamientos del economista Julio Carranza, quien considera necesario distinguir entre las transformaciones estructurales de la economía y las urgencias que impone el deterioro de las condiciones de vida de la población.

A juicio de Monreal, el Gobierno parece haber optado por una lógica de "oferta primero", confiando en que las liberalizaciones económicas permitirán recuperar la producción y aliviar posteriormente las carencias.

El economista advierte que ese enfoque deja en segundo plano una inseguridad alimentaria que no es reciente. "Ya existe una emergencia nutricional previa, y el reciente regreso a regulaciones de precios parece responder a una inseguridad alimentaria que no es nueva. Esa inseguridad debe tratarse como punto de partida del paquete, no solo como un posible efecto posterior de medidas como la liberalización de precios", escribió.

Monreal también cuestiona el diseño del Fondo de Protección Social contemplado en la medida 71, pues sus recursos dependerían, entre otros factores, del ahorro obtenido con la eliminación de subsidios, lo que dificultaría que estuviera disponible antes de que esas transformaciones produzcan efectos sobre la población. Además, señala que no se conoce con precisión qué nivel de cobertura tendría.

Para Monreal, el paquete debería incorporar un eje de "Emergencia humanitaria con intervenciones combinadas de nutrición y salud", al mismo nivel de prioridad que otras transformaciones. Considera que su ausencia responde en parte a la renuencia del Gobierno a reconocer públicamente la magnitud de la crisis y las implicaciones políticas de admitir una emergencia humanitaria generalizada.

"La premisa político-ideológica subordina la dimensión social, en vez de reconocer abiertamente una emergencia humanitaria que podría debilitar el relato oficial de soberanía o abrir espacio a críticas sistémicas. Incluir un eje humanitario en el paquete de 176 medidas podría interpretarse como admitir un colapso. Por eso, las medidas de protección social se presentan como continuidad de conquistas, no como respuesta a una 'emergencia humanitaria'", apunta.

"El recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos —en particular las restricciones al suministro de combustible desde finales de enero de 2026— fue el detonante inmediato para que Naciones Unidas calificara la situación en Cuba como una emergencia humanitaria sostenida y multifacética", añade.

En opinión de Monreal, "el problema es que esas sanciones actuaron como catalizador sobre vulnerabilidades ya existentes, y reconocer oficialmente una emergencia humanitaria implicaría admitir un fracaso más amplio del modelo económico y de protección social".

El análisis se produce en un contexto de creciente escasez de alimentos, inflación, dificultades para acceder a medicamentos, combustible y servicios básicos.

Carranza, cuyo texto retoma Monreal, propone que, si el deterioro continúa, el Gobierno considere medidas temporales excepcionales para proteger a la población. Entre ellas menciona mecanismos para garantizar alimentos básicos a los sectores más vulnerables, incrementar rápidamente la producción nacional, recuperar la operatividad del sistema bancario y cambiario y buscar nuevas fuentes de financiamiento, inversión y mercados.

El economista también advierte sobre el impacto de miles de contenedores retenidos en puertos extranjeros, que, según su análisis, agravan el desabastecimiento y la inflación. Frente a esa situación, propone una intervención estatal temporal que permita adquirir parte de los productos básicos disponibles o que logren entrar al país y distribuirlos de forma racionada y a precios asequibles entre quienes no puedan asumir los costos del mercado.

Para Monreal, sin embargo, el problema central va más allá de medidas puntuales. Las 176 disposiciones carecen, a su juicio, de dos componentes esenciales para hacer viable la reforma: "la atención inmediata de la emergencia social y la estabilización macroeconómica".

"La ausencia de un eje prioritario" dedicado a la emergencia humanitaria constituye una de las principales debilidades del paquete, sostiene. Por ahora, agrega, tampoco existe evidencia de que el Gobierno esté dispuesto a incorporar ese componente.