Elecciones de mitad de término: Defender contra la toma de poder por parte de los radicales. Por Julio M. Shiling. Patria de Martí.

La Convención Constitucional de 1787 y la encarnizada lucha por la ratificación que le siguió dieron lugar a uno de los actos de moderación política más deliberados de la historia de la humanidad. Alexander Hamilton, James Madison y John Jay no escribieron Los Ensayos Federalistas para ensalzar la democracia pura ni el poder concentrado. Escribieron para convencer a una Nueva York escéptica de que una república cuidadosamente equilibrada —con frenos y contrapesos, un gobierno dividido, un poder judicial independiente y un sistema presidencialista basado en la virtud y la autoridad limitada— podría perdurar. Su proyecto partía de la base de una ciudadanía capaz de autocontrol y de una cultura política que rechazaba el absolutismo. Nunca imaginaron que uno de los dos grandes partidos acabaría algún día en manos de una minoría radical decidida a desmantelar la propia arquitectura que ellos mismos habían diseñado.

Esa toma de control se ha producido. El Partido Demócrata actual ya no es el partido del New Deal de Franklin Roosevelt, del Fair Deal de Harry Truman o de la Gran Sociedad de Lyndon Johnson —programas que ampliaron el Estado del bienestar sin dejar de presuponer un sector privado robusto, energía emprendedora y una amplia clase media—. Tampoco se asemeja a la socialdemocracia nórdica, que coexiste con el dinamismo del mercado. Lo que ahora domina el ecosistema de liderazgo del partido es una corriente revolucionaria: intelectualmente deudora del marxismo, metodológicamente moldeada por la estrategia cultural gramsciana y el gradualismo fabiano, y cada vez más cómoda con la hostilidad civilizacional de la ideología islamista. No todos los demócratas son comunistas de carné. La mayoría no lo son. Pero operan dentro de una estructura partidista cuyas cimas de mando están controladas por extremistas de izquierda que tratan el orden constitucional estadounidense como un obstáculo en lugar de como un legado.

La lista de deseos en materia de políticas deja clara la ambición. Retirar la financiación o limitar severamente a los organismos encargados del orden público. Abolir el Senado o dejarlo sin poder. Eliminar el Colegio Electoral. Ampliar y politizar el Tribunal Supremo, al tiempo que se le subordina a una legislatura unicameral. Redactar una nueva constitución. Rediseñar el sistema penitenciario de forma que se debilite la rendición de cuentas. No se trata de temas de debate marginales, sino de propuestas recurrentes del núcleo activista del partido y de sus aliados intelectuales. Cada una de ellas erosionaría la separación de poderes que El Federalista consideraba esencial para la libertad. El destino no es «más democracia». Es el centralismo democrático: el modelo leninista de una «democracia popular» en la que las elecciones formales coexisten con la dirección unipartidista del Estado y la cultura. Desde el punto de vista epistemológico, ese mismo liderazgo se aferra con fuerza a los marcos de reivindicación heredados de la Escuela de Frankfurt y la Teoría Crítica, tratando las instituciones estadounidenses como sistemas de dominación en lugar de como garantes, imperfectos pero mejorables, de una libertad ordenada.

Frente a este proyecto se erige el balance de la segunda administración de Donald J. Trump. Desde el primer día, la administración se movió para restaurar las libertades civiles que habían sido sistemáticamente restringidas. Las medidas ejecutivas protegieron la libertad de expresión, pusieron fin a las campañas de presión del Gobierno anterior contra las plataformas de redes sociales e iniciaron la labor de despolitización de las fuerzas del orden federales. Igualmente decisiva fue la reversión de las políticas marxistas culturales que se habían arraigado en el Gobierno, la educación y la contratación pública federal: la teoría crítica de la raza, la ideología de género y la teoría crítica queer fueron eliminadas de la formación oficial, de los planes de estudios escolares que recibían fondos federales y de las prácticas de las agencias. La instrumentalización del FBI y del sistema judicial contra los oponentes políticos no era una abstracción; se trataba de un patrón documentado bajo el gobierno de Biden y Obama. Restablecer la aplicación equitativa de la ley no es autoritario. Es el requisito mínimo de una sociedad libre.

En el frente económico, la administración aplicó una estrategia deliberada de reindustrialización destinada a reducir la dependencia occidental de la base manufacturera del Partido Comunista Chino. Los aranceles fueron el instrumento principal. Los críticos predijeron una inflación inmediata y explosiva. Los datos no han respaldado esa predicción. La inflación media bajo la actual administración ha sido aproximadamente la mitad de la tasa registrada durante la administración anterior. El empleo en el sector manufacturero recuperó terreno. Las tasas de pobreza alcanzaron mínimos históricos. Las innovaciones específicas —cuentas para menores, presión sostenida sobre los precios de los medicamentos con receta y esfuerzos enérgicos para reducir el fraude y el despilfarro en los programas federales— produjeron resultados cuantificables sin la hinchazón burocrática que suele acompañar a este tipo de iniciativas.

La seguridad pública mejoró porque la administración rechazó la retórica de la «guerra de clases» que había servido de excusa al desorden en demasiadas ciudades. Se exigió rendición de cuentas a los delincuentes. La frontera, que había permanecido prácticamente abierta durante años, se puso bajo control. La magnitud de las entradas ilegales y el posterior esfuerzo de deportación fueron la consecuencia directa del fracaso de las políticas anteriores. Una administración competente nunca habría permitido que la crisis alcanzara la magnitud que requirió tal respuesta. Trump resolvió el problema que Biden y la izquierda globalista habían generado.

En el ámbito internacional, la administración se enfrentó a las ambiciones nucleares y regionales de Irán con una claridad de la que carecían los gobiernos anteriores. El hemisferio occidental fue tratado como una prioridad estratégica en lugar de como una cuestión secundaria. Los esfuerzos por reducir la influencia de China, Rusia, Irán y Corea del Norte en las Américas —especialmente en lo que respecta a Venezuela y Cuba— marcaron una ruptura más marcada con décadas de abandono. El cambio de régimen sigue siendo la única solución duradera para esas dos dictaduras; la Administración lo ha tratado como un objetivo real y no como una simple floritura retórica. El auge de gobiernos conservadores elegidos en toda América Latina no es casual. El poder proyecta cultura, y una clara postura anticomunista en Washington ha animado a fuerzas afines en otros lugares.

Ningún gobierno está exento de defectos. La compra de determinados productos energéticos rusos, los retrasos en las campañas de Venezuela y Cuba, y las ocasionales medidas excesivas por parte de las autoridades de inmigración contra personas que ya se encuentran en proceso de regularizar su situación legal, así como ciertos encarcelamientos erróneos de personas en espera de ser deportadas, son motivos legítimos de crítica. No existen los políticos perfectos. La comparación pertinente no es con un ideal imaginario, sino con la alternativa que realmente se ofrece.

Esa alternativa es el regreso del Partido Demócrata radicalizado a la mayoría en el Congreso. El control de las comisiones determina la agenda. La acción ejecutiva solo puede llegar hasta cierto punto. Un Congreso dominado por la actual dirección demócrata reavivaría los ataques institucionales que los padres fundadores trataron de evitar. Las elecciones de mitad de término son, por lo tanto, un referéndum —no solo sobre un hombre, sino sobre si el sistema estadounidense de poder moderado y restricciones constitucionales se preservará o se desmantelará aún más.

Para quienes aún creen que la libertad ordenada es preferible a la transformación revolucionaria, la elección no es sutil. Una mayoría republicana alineada con el movimiento «MAGA», por muy imperfecto que pueda ser su abanderado, sigue siendo la única barrera práctica frente a la consolidación de una fuerza política que considera la Constitución como algo provisional y el experimento estadounidense como un problema que hay que resolver. Los autores de Los Ensayos Federalistas buscaban la longevidad a través del equilibrio y la virtud. El proyecto de la izquierda radical busca la permanencia a través de la captura y la centralización. En estas elecciones, el voto a favor de los candidatos republicanos es el instrumento disponible para defender lo primero frente a lo segundo.

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