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Acusan de atentado a Camila Acosta y Ángel Santiesteban por comentarios que no escribieron. Por Carlos Alejandro Rodríguez. Cubanet.+ VIDEO.


Acusan de “atentado” a Camila Acosta y Ángel Santiesteban por comentarios que no escribieron
Por Carlos Alejandro Rodríguez (Redacción)
19 de noviembre de 2026





Según la periodista, el denunciante es un testigo de la Fiscalía en ese proceso, que dice sentirse amenazado por los comentarios que generaron esas publicaciones en redes sociales.

La periodista de CubaNet Camila Acosta y su esposo, el escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats, fueron instruidos de cargos este jueves en La Habana por un supuesto delito de atentado, a raíz de publicaciones que compartieron en redes sociales sobre el juicio contra cuatro masones, contó Acosta en una transmisión en directo de CubaNet.

La pareja se presentó a las 10:00 de la mañana en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Zapata y C, en el municipio Plaza de la Revolución. El capitán Pileta, primer instructor de la unidad, atendió primero a Santiesteban Prats y después a ella. A ambos les dijo lo mismo: un hombre los acusa de atentado.

Acosta identificó al denunciante como Ernesto Valdés García, uno de los testigos de la Fiscalía en el juicio contra los masones celebrado el 5 de noviembre.

Según la periodista, Valdés García sostiene que, después de ese juicio, ella y su esposo compartieron publicaciones que provocaron comentarios en su contra, y que esos comentarios le causan miedo. “Y entonces nos responsabiliza a mi esposo y a mí de esas reacciones y de esas supuestas amenazas y de ese miedo que él siente ahora”, dijo Acosta.

Sobre el escritorio del instructor había un expediente de más de 20 páginas con capturas de pantalla de publicaciones y comentarios en redes sociales, relató la periodista. Pidió verlo y el capitán se lo negó. “Me dijo que no podía, que después, porque ahora es que inicia el proceso”, contó.

Acosta y Santiesteban Prats se negaron a declarar sin un abogado presente.
La policía les entregó un papel con el número del expediente, el 73567 de 2026, el delito y el nombre del instructor. Tienen cinco días hábiles para contratar a un abogado y volver con él a la estación para prestar declaración.

Las publicaciones que compartió la pareja incluían, según Acosta, una investigación de CubaNet sobre quiénes llevaron adelante el proceso contra los masones. Ese trabajo, publicado el 10 de noviembre, identificó a la jueza, a los fiscales, a oficiales de la Seguridad del Estado y a los testigos de la Fiscalía. Entre estos últimos figuraba Valdés García, que fue tesorero del Asilo Nacional Masónico Llansó hasta 2024 y presidió la Corte Suprema de Justicia Masónica durante la crisis interna de la Gran Logia de Cuba. Acosta afirmó que Valdés García fue expulsado de la masonería “por malos manejos, por traición específicamente”.

“Yo no he amenazado a nadie, no he intimidado a nadie, ni en las redes sociales, ni a nivel personal”, aseguró la periodista, que invitó a revisar todo lo que ella y su esposo publicaron desde el juicio. “Nosotros no somos responsables ahora de los comentarios que hagan las personas en las publicaciones en las redes sociales, imposible que seamos responsables de todos esos comentarios”, añadió. Comparó la situación con los comentarios que dejan los usuarios en las páginas de Cubadebate o del Noticiero. “Cada cual es responsable por lo que hace, no por lo que hacen otras personas”.

Acosta atribuyó la denuncia a la Seguridad del Estado. “Él es una persona que están simplemente instrumentalizando para que nos presente esta acusación y para obligarnos a mi esposo y a mí a callar”, dijo.

Al salir de la oficina del instructor, la esperaba el coronel Márquez, el oficial que la había citado por teléfono dos días antes. Según la periodista, no se identificó hasta que ella se lo preguntó. Márquez le preguntó si la habían tratado bien y si estaba de acuerdo con todo. “No puedo estar de acuerdo, pero bueno, es lo que hay”, le respondió Acosta. El coronel le advirtió además que no podía hacer publicaciones a menos de 300 metros de la estación, “para evitar malentendidos”, según su relato.

El atentado está tipificado en el artículo 182 del Código Penal, la Ley 151 de 2022. Castiga con dos a cinco años de privación de libertad a quien emplee violencia o intimidación contra una autoridad, un funcionario público o sus agentes para impedirles cumplir sus funciones o en represalia por ejercerlas, y también a quien lo haga, por venganza, contra sus familiares. La misma pena se aplica cuando la víctima es una persona que, en cumplimiento de su deber ciudadano, contribuyó a la aplicación de las leyes. Si los hechos los cometen dos o más personas, la sanción sube a entre tres y ocho años. Las amenazas contra testigos tienen además su propio delito en el artículo 183 del mismo código, con penas de dos a cinco años de prisión o multa.

Un familiar llamó a Acosta en tono de burla al conocer la acusación: “Mimi, ¿dónde fue que tú pusiste la bomba?”. La periodista dijo que no sabe si el caso llegará a juicio, cuánto durará ni qué pena pedirá la Fiscalía. Puso como ejemplo a la profesora Alina Bárbara López y a la historiadora Jenny Pantoja, que llevan cerca de dos años bajo procesos judiciales.

Acosta tiene prohibido salir de Cuba desde 2019.

El martes 17 de noviembre, el coronel Márquez llamó a Acosta al teléfono fijo de su casa para citarlos a ella y a su esposo, sin explicarles en qué consistía la acusación ni quién la había presentado, informó entonces CubaNet. En ese momento, la periodista sospechaba que el caso tenía que ver con un video que grabó el 28 de octubre a un agente de la Seguridad del Estado que le impedía salir de su casa. El 3 de noviembre, agentes la arrestaron en la calle cuando llevaba a su gata al veterinario y la liberaron horas después con un acta de advertencia por supuestos actos contra la intimidad personal y familiar.

Ese mismo martes, el congresista republicano Carlos Giménez denunció en X “la persecución y el hostigamiento” contra Acosta, Santiesteban Prats “y toda la sociedad civil dentro de Cuba”.

El 5 de noviembre, el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre condenó a Santiesteban Prats a dos años de limitación de libertad y a una multa de 20.000 pesos por el supuesto delito de tráfico ilegal de divisas, junto con José Ramón Viñas Alonso, Fernando Marcos García y Osvaldo Ernesto Villegas Digat. La causa se basó en dos operaciones de cambio que sumaron 300 dólares del asilo Llansó. Santiesteban Prats, elegido en septiembre soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33, aún no había presentado la apelación el 17 de noviembre, según Acosta.


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