Video Diario Gestión: Delcy y Diosdado chocan por el control del chavismo. Análisis./Primera designación de Delcy Rodríguez: un militar acusado de crímenes de lesa humanidad. Diario de Cuba.

Con el general González López a cargo de su seguridad, la presidenta interina venezolana da una señal de con quiénes gobernará. Estas son las claves.

El primer acto administrativo de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, no pudo ser más simbólico. El primer decreto con su firma ha sido para colocar como responsable de su seguridad al general Gustavo Enrique González López, quien ha sido ampliamente señalado en informes especializados y por víctimas de ordenar y permitir delitos de lesa humanidad.

En un momento de profunda incertidumbre política en Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, ha dado una primera señal de con quiénes gobernará. Designó al general en jefe Gustavo Enrique González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial, unidad responsable de la protección directa del palacio de Miraflores y de la seguridad del jefe de Estado.

La medida, publicada en la Gaceta Oficial y efectiva inmediatamente, ha generado interrogantes sobre la continuidad de prácticas represivas en el país, dado el historial del general en materia de derechos humanos. Esta decisión se produce en un escenario de tensiones internas, con disparos reportados cerca del Palacio de Miraflores, la noche del lunes, y la reaparición armada de figuras como Diosdado Cabello en las calles de Caracas, en lo que podría interpretarse como una demostración de fuerza.

González López, de 65 años, es un militar de carrera que se graduó en la Academia Militar de Venezuela en 1982. Su trayectoria profesional ha estado marcada por roles estratégicos en inteligencia, contrainteligencia, seguridad presidencial y el sector petrolero. Cobró relevancia, de forma muy negativa según defensores de derechos humanos, al emerger como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en 2014.

En aquel momento se iniciaba el largo período de Maduro en el poder. El SEBIN ha sido señalado de forma amplia en los informes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y en la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) como uno de los dos órganos con mayor historial represivo, con delitos que se enmarcan en violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos, y por tanto pasan a ser considerados delitos de lesa humanidad.

González López dirigió el SEBIN en dos ocasiones de 2014 a 2018 y de 2019 a 2024. En los picos represivos de 2014 y 2017, que están bajo investigación de la CPI, González López estaba al frente del SEBIN, así como durante la razzia que siguió a las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Durante 2025 actuó como intendente de Asuntos Estratégicos y Control de Producción en Petróleos de Venezuela (PDVSA). Analistas destacan su alineación con Diosdado Cabello, considerado históricamente como el número dos del chavismo, tras la muerte de Chávez anunciada en marzo de 2013.

El nombramiento de González López no pasa desapercibido debido a las múltiples acusaciones en su contra por violaciones a los derechos humanos. Durante su liderazgo en el SEBIN, esta agencia de la seguridad del Estado en Venezuela fue identificada por organismos internacionales como responsable de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles e inhumanos contra opositores políticos y disidentes.

El centro de detención El Helicoide, bajo control del SEBIN, se convirtió en un emblema de estas prácticas, descrito como uno de los principales sitios de represión en América Latina, y mencionado explícitamente por Donald Trump este martes, como una estructura que deberá desaparecer en la nueva dinámica post-Maduro.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2019, ha documentado extensamente el rol de González López en estas violaciones.

En informes como el de septiembre de 2022 y actualizaciones posteriores, la Misión concluye que, bajo su dirección, el SEBIN formó parte de un sistema coordinado de represión estatal dirigido contra la oposición. Específicamente, se menciona que torturas a detenidos fueron ordenadas por figuras como González López y otros altos funcionarios, integrando estos actos en una cadena de mando que apunta a crímenes de lesa humanidad.

Además de los hallazgos de la ONU, González López aparece en la investigación preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela. Desde 2017, la CPI examina presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante protestas antigubernamentales, incluyendo represión violenta y torturas. En noviembre de 2017, la exfiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz presentó una denuncia ante la CPI que incluía a González López, junto con Maduro y otros altos funcionarios como Vladimir Padrino López y Néstor Reverol, por su presunta responsabilidad en detenciones arbitrarias y abusos.

En 2021, la CPI avanzó a fase de investigación formal, confirmando evidencia razonable de crímenes como encarcelamiento ilegal y tortura, donde el SEBIN bajo González López juega un rol central. Activistas de derechos humanos han reiterado que su historial incluye desconocer órdenes judiciales de excarcelación, perpetuando detenciones indefinidas.

Estas acusaciones han derivado en sanciones internacionales contra González López. En marzo de 2015, Estados Unidos lo incluyó en su lista de sancionados bajo la Ley de Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela de 2014, por su rol en actos de violencia y abusos durante protestas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo describió como responsable de represión sistemática, congelando sus activos y prohibiendo transacciones con entidades estadounidenses. En 2017 y 2018, Canadá, Suiza, Panamá y la Unión Europea lo agregaron a sus listas negras.

Su designación, en las primeras horas de estar al frente del Gobierno, podría interpretarse como una afrenta ante Washington por parte de la presidenta interina, según estiman diplomáticos consultados por DIARIO DE CUBA.

Para expertos en seguridad, tras el fracaso de la inteligencia cubana en proteger a Maduro de una captura por parte de EEUU, Rodríguez ha dado un giro para poner su seguridad directamente en manos de una persona a la que le espera la justicia internacional, y por tanto se juega el todo por el todo para que el chavismo permanezca en el poder.

Otros observadores aseguran que esta designación forma parte del rápido reacomodo en la cúpula gobernante y que habría sido una cuota de Cabello, para tener una figura de su confianza al frente de la seguridad presidencial.

En todo caso, este nombramiento cayó como un balde agua fría entre activistas y defensores de derechos humanos que de forma insistente han pedido sanciones contra este general que ahora ha sido promovido por el nuevo gobierno de lo que los venezolanos han comenzado a llamar "madurismo sin Maduro".