Un informe sugiere que varios de los 140 cubanos que protegían a Maduro fueron capturados por EE UU. 14ymedio./Llegarán a La Habana los restos de los 32 cubanos muertos en Venezuela. Diario de Cuba.

Ha pasado una semana y aún no se sabe nada del paradero de los militares cubanos que sobrevivieron al ataque de EE UU del pasado 3 de enero en el que fue capturado Nicolás Maduro.

Un informe de Archivo Cuba, publicado este domingo con la firma de María Werlau, intenta rellenar los vacíos de la información oficial y pone en duda el balance de 32 muertos entre los integrantes cubanos del anillo de seguridad del mandatario venezolano.

“Los cubanos muertos y heridos de la escolta de seguridad de Maduro pertenecían a un contingente –supuestamente de 140 efectivos– de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior de Cuba” y de otras divisiones de ese mismo ministerio, además de efectivos de las Fuerzas Armadas que “prestaban apoyo de diversos tipos y en otras partes del Fuerte Tiuna y demás blancos de los bombardeos de EE UU”, indica el texto.

El documento cita al periodista venezolano Casto Ocando, radicado en Miami, que “ha informado que las fuerzas estadounidenses tenían órdenes de neutralizar –y aniquilar de ser necesario– a todos los cubanos que, según infiltrados, tenían instrucciones de matar a Maduro para evitar su captura”. Ya se había señalado que las 32 bajas reconocidas por La Habana no parecía corresponder a los militares desplegados alrededor de Maduro, ya que la mayoría eran oficiales de inteligencia de alto rango y de mucha edad para tener este tipo de cometido. Se trata probablemente de personal que estaba durmiendo en otras instalaciones cercanas.

Archivo Cuba no aporta detalles nuevos sobre este punto, pero sí señala que debió de haber muchos heridos y “posibles capturados”, que, según otras fuentes, fueron llevados hasta la base naval de EE UU en Guantánamo para ser interrogados.

Al parecer, algunos se salvaron, como Euclides Bandera, teniente coronel de la Contrainteligencia Militar cubana, que presuntamente contó a su familia que no le pasó nada porque “no estaba donde tenía que estar”. De acuerdo con la información de los medios independientes, el militar presta aún servicios en Venezuela, donde cobra unos 6.000 dólares al mes.

El informe no se limita a aportar nuevos detalles sobre el dispositivo militar de Cuba en Venezuela, sino que advierte de que, pese al éxito de la operación militar de EE UU, no se puede bajar la guardia ante la "capacidad de injerencia y supervivencia" del régimen de La Habana, que sigue representando "un riesgo político y de seguridad regional con implicaciones globales".

Los acontecimientos del 3 de octubre pusieron de manifiesto “la vulnerabilidad de un aparato de seguridad diseñado y tutelado por la inteligencia cubana”. Sin embargo, la presencia cubana en Venezuela sigue siendo avasalladora, como lo indican los datos proporcionados por Arturo López-Levy, ex asesor de Fidel Castro, que la evaluó recientemente en unas 20.000 personas, incluyendo todo tipo de trabajadores –consejeros políticos, médicos, maestros y otros que aparecen en las nóminas de diferentes ministerios–, a los que se deben sumar entre 5.000 y 6.000 militares y oficiales de inteligencia. Aunque Archivo Cuba pone en cuarentena estos datos, porque vienen de un "portavoz subliminal de narrativas deseadas del régimen cubano", sugiere que no pueden ser ignorados.

En cualquier caso, es cierto que, con la drástica reducción de los ingresos del petróleo a raíz de la bajada de la producción, La Habana ya había retirado parte de su personal en Venezuela. Archivo Cuba, con sede en Miami, remite a un informe anterior –2019– en el que mencionaba la “presencia controladora todas las esferas de la sociedad venezolana incluidas la presidencia –cuya seguridad controla Cuba desde el 2002– las fuerzas armadas, el aparato de seguridad, los ministerios, el servicio de inmigración y extranjería, la autoridad electoral, las telecomunicaciones, aeropuertos, puertos y cruces fronterizos, las industrias y empresas estatales –incluida PDVSA–, las notarías, el manejo de sistemas informáticos y bases de datos y la vigilancia cibernética”.

El informe recuerda que "durante la bonanza de petrodólares, los flujos hacia Cuba [desde Venezuela] se estimaron en 10.000 millones de dólares anuales".

En 2012, repasa el documento, Hugo Chávez –captado presuntamente por Maduro cuando estaba en prisión para liderar el país por encargo de Fidel Castro– indicó específicamente que había 44.804 colaboradores cubanos en las “misiones sociales”, 31.700 del sector de la salud, una cifra coherente con la versión de las autoridades cubanas, que indicaron con menor precisión que eran “unos 45.000 en esas fechas”. Trece años más tarde, en junio de 2025, la Agencia Cubana de Noticias cifró en 12.930 los “colaboradores” médicos en 24 estados de Venezuela, el 54% de los 23.947 que tenía en todo el mundo.

Otros de los datos que aparecen en el informe son el uso de la santería cubana por parte de Castro a sabiendas de lo supersticioso que era Chávez. Esto le habría servido para, presuntamente, manipularlo tanto a él como a personas de su círculo, en una “forma de colonialismo religioso-cultural utilizada para recoger inteligencia, manipular percepciones y disposiciones, debilitar las instituciones y costumbres religiosas establecidas, cambiar los valores y avanzar la hegemonía cultural”. Esto habría disminuido con la muerte del ex presidente Chávez.

El régimen convoca a una 'Marcha del Pueblo Combatiente', una tribuna frente a la embajada de EEUU y actos de homenaje en todas las provincias.

El régimen cubano anunció que el 15 de enero repatriará los cuerpos de los 32 militares que murieron en Venezuela durante la operación de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La ejecución, que La Habana describió como un "criminal ataque" en una nota publicada por el diario oficial Granma, confirmó de manera oficial la presencia de personal militar cubano en acciones armadas en el país sudamericano, un hecho negado durante años por ambos gobiernos.

Según el comunicado oficial, los restos llegarán en la mañana del próximo jueves al Aeropuerto Internacional José Martí, donde se realizará una primera ceremonia militar de homenaje póstumo. Posteriormente serán trasladados a la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), en las inmediaciones de la Plaza de la Revolución, donde permanecerán expuestos al público.

El régimen ha movilizado a la población para concentrarla a ambos lados de la Avenida Rancho Boyeros durante el recorrido.

También determinó que el viernes se celebrarán actos simultáneos en todas las provincias del país y, por la tarde, los fallecidos serán inhumados en los panteones de los Caídos por la Defensa. Ese mismo día está prevista una concentración en la Tribuna Antiimperialista, frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

La narrativa oficial, reproducida por Granma, presenta a los fallecidos como "combatientes caídos heroicamente" y convoca a una "Marcha del Pueblo Combatiente" como reafirmación de apoyo al Gobierno. Sin embargo, más allá del tono épico y movilizador, el anuncio sigue sin ofrecer detalles sobre el estatus legal del despliegue militar cubano en Venezuela ni sobre las condiciones específicas en que se produjo la muerte de los efectivos.

Un día después de los ataques, La Habana confirmó que los 32 murieron en "acciones combativas" y como resultado de bombardeos, mientras que el Ministerio del Interior venezolano reportó al menos 100 fallecidos en el operativo estadounidense. Durante años, analistas y organizaciones de derechos humanos han señalado que el primer anillo de seguridad de Maduro estaba integrado mayoritariamente por cubanos, algo que Caracas y La Habana evitaron reconocer públicamente.

Un informe de 2022 de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ya había documentado, a partir de acuerdos confidenciales entre ambos regímenes, que la colaboración en materia de inteligencia y contrainteligencia se remonta a 2006, durante los mandatos de Fidel Castro y Hugo Chávez. Según ese documento, agentes cubanos asesoraron directamente a la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana.

En medio de este escenario, el grupo de asesoría legal Cubalex advirtió que la actuación de militares cubanos en Venezuela es plenamente atribuible al Estado cubano y puede generar responsabilidad internacional. La organización subrayó que el despliegue de personal en un escenario armado extranjero, sin transparencia sobre su función, marco jurídico y estatus legal, vulnera principios fundamentales del derecho internacional, incluido el de no intervención.

Cubalex señaló además que la participación de agentes cubanos en estructuras de seguridad interna venezolanas podría implicar complicidad en violaciones de derechos humanos, y recordó que la identificación de los fallecidos activa la obligación estatal de investigar de manera efectiva las circunstancias de sus muertes. La ausencia de una investigación independiente y transparente, advirtió, podría constituir en sí misma una violación del derecho a la vida, conforme a los Principios de Minnesota.

El anuncio de la repatriación coincide, además, con una advertencia del presidente estadounidense Donald Trump, quien acusó al régimen cubano de haber sostenido durante años a su economía con dinero y petróleo venezolanos a cambio de "servicios de seguridad" para los Gobiernos de Chávez y Maduro, y aseguró que ese flujo llegará a su fin.

Mientras, el MINFAR reiteró este lunes su discurso de confrontación ante un eventual escenario de agresión externa en una publicación en redes sociales en la que declaró que cualquier intento de apoderarse de Cuba tendría un "precio muy alto" y que el país está "preparado" para convertirse en una "trampa para todo invasor".

La institución afirmó que décadas de preparación militar garantizarían la imposibilidad de "doblegar" a la Isla, al tiempo que defendió el concepto de la llamada "guerra de todo el pueblo" como una respuesta necesaria si la lucha armada fuese "impuesta por el enemigo".

Aunque el mensaje insiste en que no promueve un "culto a la violencia", el MINFAR justifica la guerra como un instrumento político legítimo para hacer valer los "derechos del pueblo", siempre que —según la narrativa oficial— se ajuste a principios humanistas y revolucionarios. En ese marco, habla de la existencia de un "código ético elevado" exigido a combatientes, jefes y oficiales del Ejército.