El MININT dice que frustró una 'infiltración armada con fines terroristas' e identifica a los participantes. La Casa Blanca dice estar 'monitoreando' el incidente. Diario de Cuba.
El MININT dice que frustró una 'infiltración armada con fines terroristas' e identifica a los participantes
Diario de Cuba
26 de febrero de 2026
Diario de Cuba
26 de febrero de 2026
Una lancha del MININT. Cubadebate
Casa Blanca dice estar 'monitoreando' el incidente; JD Vance y Marco Rubio esperan más información.
El Ministerio del Interior (MININT) amplió este miércoles su versión sobre el enfrentamiento armado ocurrido en la zona noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia de Villa Clara, donde una lancha rápida con matrícula de Florida fue "neutralizada" por Tropas Guardafronteras cubanas con saldo de cuatro personas fallecidas.
Según una nota oficial replicada por el portal oficial Cubadebate, la embarcación —identificada con registro FL7726SH— transportaba a diez personas armadas con la presunta intención de ejecutar una "infiltración con fines terroristas" en territorio cubano. Las autoridades informaron, además de la muerte de cuatro tripulantes, de la detención de seis, todos ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos.
El comunicado oficial sostiene que en la lancha se ocuparon fusiles de asalto, armas cortas, cócteles molotov, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje. Asimismo, el MININT afirma que la embarcación violó aguas territoriales cubanas y abrió fuego contra las unidades guardafronteras.
Identidades y acusaciones
Entre los detenidos, el régimen identificó a Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra*.
Como fallecido fue identificado Michel Ortega Casanova, mientras que las autoridades aseguran trabajar en la identificación de los otros tres muertos.
El MININT dice que Sánchez González y Cruz Gómez "figuran en la 'Lista Nacional de personas y entidades' vinculadas a investigaciones por terrorismo, en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU y la legislación cubana". Según el relato oficial, la mayoría de los implicados tendría "antecedentes delictivos y violentos".
Además, fue detenido en territorio nacional Duniel Hernández Santos, señalado como presunto colaborador encargado de recibir al grupo infiltrado. Las autoridades lo describen como "confeso".
Hasta el momento, La Habana no ha presentado pruebas independientes sobre su versión ni ha dicho si va permitir verificación externa de los hechos que, según su comunicado, ocurrieron a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino.
Washington, al tanto
Desde Washington, la Administración de Donald Trump confirmó estar al tanto del incidente. El vicepresidente JD Vance declaró a la prensa que había sido informado por el secretario de Estado Marco Rubio apenas minutos antes de sus declaraciones, pero admitió que aún no contaban con detalles suficientes.
"Es una situación que estamos monitoreando", dijo Vance durante un evento en la Casa Blanca, y añadió que esperaban recibir más información en breve, según recogió Conflict Alarm en X.
Rubio, por su parte, afirmó que pronto se conocerían más datos sobre lo ocurrido. "Lo sabremos pronto. Lo sabremos en breve", dijo Rubio según reportes de la corresponsal de ABC News en el Departamento de Estado, Shannon Kate Kingston.
En paralelo, autoridades del estado de Florida anunciaron la apertura de una investigación en coordinación con agencias federales y estatales. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, aseguró que su oficina trabajará para esclarecer lo sucedido y sostuvo que "no se puede confiar en el Gobierno cubano".
También legisladores federales como el senador Rick Scott y los congresistas Carlos Giménez y María Elvira Salazar exigieron investigaciones independientes y pusieron en duda la versión oficial difundida por La Habana.
El incidente ocurre en un contexto de elevada tensión entre Washington y La Habana y revive episodios de confrontación marítima que el régimen cubano ha utilizado históricamente para reforzar su narrativa de "plaza sitiada". La ausencia de verificación independiente y la rapidez con que las autoridades cubanas calificaron el hecho como una operación terrorista plantean interrogantes que son desde ya objetos de escrutinio en Estados Unidos.
El Ministerio del Interior (MININT) amplió este miércoles su versión sobre el enfrentamiento armado ocurrido en la zona noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia de Villa Clara, donde una lancha rápida con matrícula de Florida fue "neutralizada" por Tropas Guardafronteras cubanas con saldo de cuatro personas fallecidas.
Según una nota oficial replicada por el portal oficial Cubadebate, la embarcación —identificada con registro FL7726SH— transportaba a diez personas armadas con la presunta intención de ejecutar una "infiltración con fines terroristas" en territorio cubano. Las autoridades informaron, además de la muerte de cuatro tripulantes, de la detención de seis, todos ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos.
El comunicado oficial sostiene que en la lancha se ocuparon fusiles de asalto, armas cortas, cócteles molotov, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje. Asimismo, el MININT afirma que la embarcación violó aguas territoriales cubanas y abrió fuego contra las unidades guardafronteras.
Identidades y acusaciones
Entre los detenidos, el régimen identificó a Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra*.
Como fallecido fue identificado Michel Ortega Casanova, mientras que las autoridades aseguran trabajar en la identificación de los otros tres muertos.
El MININT dice que Sánchez González y Cruz Gómez "figuran en la 'Lista Nacional de personas y entidades' vinculadas a investigaciones por terrorismo, en virtud de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU y la legislación cubana". Según el relato oficial, la mayoría de los implicados tendría "antecedentes delictivos y violentos".
Además, fue detenido en territorio nacional Duniel Hernández Santos, señalado como presunto colaborador encargado de recibir al grupo infiltrado. Las autoridades lo describen como "confeso".
Hasta el momento, La Habana no ha presentado pruebas independientes sobre su versión ni ha dicho si va permitir verificación externa de los hechos que, según su comunicado, ocurrieron a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino.
Washington, al tanto
Desde Washington, la Administración de Donald Trump confirmó estar al tanto del incidente. El vicepresidente JD Vance declaró a la prensa que había sido informado por el secretario de Estado Marco Rubio apenas minutos antes de sus declaraciones, pero admitió que aún no contaban con detalles suficientes.
"Es una situación que estamos monitoreando", dijo Vance durante un evento en la Casa Blanca, y añadió que esperaban recibir más información en breve, según recogió Conflict Alarm en X.
Rubio, por su parte, afirmó que pronto se conocerían más datos sobre lo ocurrido. "Lo sabremos pronto. Lo sabremos en breve", dijo Rubio según reportes de la corresponsal de ABC News en el Departamento de Estado, Shannon Kate Kingston.
En paralelo, autoridades del estado de Florida anunciaron la apertura de una investigación en coordinación con agencias federales y estatales. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, aseguró que su oficina trabajará para esclarecer lo sucedido y sostuvo que "no se puede confiar en el Gobierno cubano".
También legisladores federales como el senador Rick Scott y los congresistas Carlos Giménez y María Elvira Salazar exigieron investigaciones independientes y pusieron en duda la versión oficial difundida por La Habana.
El incidente ocurre en un contexto de elevada tensión entre Washington y La Habana y revive episodios de confrontación marítima que el régimen cubano ha utilizado históricamente para reforzar su narrativa de "plaza sitiada". La ausencia de verificación independiente y la rapidez con que las autoridades cubanas calificaron el hecho como una operación terrorista plantean interrogantes que son desde ya objetos de escrutinio en Estados Unidos.
