La eventual participación de emigrados cubanos como inversión extranjera podría discriminar al empresario privado nacional. Diario de Cuba.

Mientras el régimen promete facilitar la participación económica de la diáspora, el economista Pedro Monreal alerta de posibles desequilibrios.

La posible apertura del régimen cubano a una mayor participación económica de los emigrados podría generar nuevas desigualdades dentro del sector privado nacional, advirtió el economista Pedro Monreal, quien cuestionó el diseño de las medidas que el Gobierno prevé anunciar.

En un hilo publicado en la red social X, el economista escribió: "A la espera del anuncio de medidas para la 'participación' de emigrados en el modelo económico de planificación centralizada de Cuba, una hipótesis sería la inserción como inversión extranjera, resultando en discriminación respecto al empresario privado residente en Cuba".

Monreal recordó que la legislación vigente impone fuertes limitaciones al sector privado nacional.

Según explicó, la actual normativa de las pequeñas y medianas empresas —el Decreto-Ley 88 de 2024 y su norma complementaria, el Decreto 107— prohíbe más de un centenar de actividades económicas a las MIPYMES privadas, cuyos socios deben ser necesariamente personas con residencia efectiva en Cuba.

En ese contexto, permitir que los emigrados inviertan como capital extranjero podría generar un nuevo desequilibrio entre actores económicos con la misma ciudadanía.

"El inversionista extranjero tiene beneficios arancelarios, tributarios, de comercio exterior y un formato empresarial que no tienen las MIPYMES privadas", señaló el economista.

Eso significaría que cubanos residentes en el exterior tendrían ventajas legales y económicas frente a empresarios privados que viven dentro del país, un escenario que Monreal considera problemático.

Una decisión condicionada por la política de Estados Unidos

El economista también subrayó que un esquema de inversión de emigrados como capital extranjero no dependería exclusivamente del Gobierno cubano. "Sería más una acción de política exterior que de política económica", afirmó.

Según explicó, ese tipo de mecanismo requeriría cambios o flexibilizaciones en la política de Estados Unidos, ya que implicaría flujos de inversión desde ese país hacia la Isla.

Otra posible opción: permitir su participación en MIPYMES

Monreal señaló que otra alternativa sería modificar la legislación vigente para que los cubanos residentes en el exterior puedan convertirse en socios de MIPYMES dentro del país.

"Pudiera considerarse la hipótesis de que se anuncie un esquema con opciones de inserción en el que los emigrados pudieran escoger entre ser inversionistas extranjeros o socios de MIPYMES", escribió.

Sin embargo, advirtió que ese tipo de reforma implicaría cambiar la actual normativa que limita la propiedad de estas empresas a residentes en Cuba.

Críticas a la falta de consulta con el sector privado nacional

Uno de los puntos centrales del análisis del economista es la ausencia de intercambio con los empresarios privados que ya operan en la Isla.

"Se han mencionado consultas con los emigrados, algo razonable, pero no se ha informado oficialmente que el Gobierno haya hecho consultas con empresarios privados nacionales", indicó.

"Es políticamente problemático que se hubiera privilegiado interactuar con 'pájaros volando', pero no con los 'pájaros en mano'", añadió, en referencia a los empresarios que ya operan dentro de la economía cubana.

Un empresariado sin peso político

El economista también situó el debate dentro de un problema estructural del modelo económico cubano.

"Se ha insertado precariamente un empresariado privado nacional en el modelo económico mediante MIPYMES, pero sin peso apreciable en el sistema político", señaló.

Esa situación limita su capacidad para influir en decisiones que afectan directamente su funcionamiento.

El discurso del régimen

El gobernante Miguel Díaz-Canel ha defendido recientemente la necesidad de ampliar los vínculos económicos con los cubanos que viven en el exterior.

Durante su comparecencia pública del viernes 13 de marzo, afirmó que la relación con esa comunidad es "una de las transformaciones más importantes y decisivas" que debe impulsar el modelo económico cubano.

Según dijo, el Gobierno pretende "propiciarles que tengan un espacio de participación en el desarrollo económico y social del país", y aseguró que se han realizado múltiples encuentros con emigrados en distintos países para recoger propuestas y preocupaciones.

El gobernante afirmó que de esos contactos surgió un expediente con las demandas de la diáspora y adelantó que las nuevas medidas "resuelven casi en la totalidad los planteamientos" hechos por los cubanos residentes en el exterior.

También prometió que las reformas permitirán una participación "más flexible y menos cargada de burocracia", aunque no ofreció detalles sobre el alcance de los cambios.

El anuncio oficial de las medidas, según dijo, quedaría a cargo del viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva Fraga.

Un debate aún abierto

Mientras el Gobierno prepara el anuncio de las nuevas disposiciones, Monreal subrayó que existe una amplia diversidad de opiniones dentro de la propia diáspora cubana sobre el tipo de participación económica que debería permitirse.

En ese contexto, el economista advirtió que se desconoce cuál es la visión del sector privado nacional sobre una reforma que podría alterar profundamente su posición dentro de la economía cubana.