Informes independientes exponen ante la ONU el racismo estructural y la represión en Cuba. Denuncian la sobrerrepresentación de afrodescendientes en cárceles, violencia policial y exclusión sistemática. Diario de Cuba.

Activistas señalan incumplimientos del régimen y denuncian la sobrerrepresentación de afrodescendientes en cárceles, violencia policial y exclusión sistemática.

Esta semana La Habana vuelve a someterse al escrutinio ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas (ONU). Aparte del reporte oficial del Estado, organizaciones independientes y activistas antirracistas cubanos presentaron informes alternativos que desmontan la narrativa oficial del régimen sobre la igualdad racial y documentan un patrón persistente de discriminación estructural, represión y exclusión.

Uno de los documentos, elaborado por la Cofradía de la Negritud y enviado a DIARIO DE CUBA, reconoce como punto de inflexión el tardío reconocimiento oficial del racismo en 2019, tras más de medio siglo de negación desde la proclamación de 1961 que declaraba erradicada la discriminación racial en Cuba. Sin embargo, seis años después de la creación del Programa Nacional contra el Racismo y la Comisión encargada de implementarlo, el informe concluye que no existen avances "claramente efectivos" en la aplicación de políticas públicas capaces de reducir la desigualdad racial.

La organización cuestiona además la respuesta del Estado cubano a las recomendaciones del CERD tras su examen de 2018, calificándola de "insuficiente" en aspectos clave. Entre las omisiones, destaca la negativa a ratificar tratados internacionales fundamentales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la falta de información concreta sobre compromisos derivados del proceso de Durban y el rechazo oficial a términos como "afrodescendiente" o "afrocubano", bajo el argumento de que atentan contra la unidad nacional.

El informe critica también la visión reduccionista del régimen, que atribuye la discriminación racial a prejuicios individuales y no a factores estructurales, así como la ausencia de consultas reales con organizaciones independientes y la falta de transparencia en la difusión de sus informes. A ello se suma el retraso de casi dos años en la entrega del documento oficial ante el CERD.

Racismo estructural y control político

Aunque reconoce algunos cambios institucionales —como la existencia de programas oficiales y cierta tolerancia limitada a actividades conmemorativas— la Cofradía advierte que persisten obstáculos fundamentales: la negativa a reconocer a la población afrocubana como actor político, la exclusión de organizaciones independientes del registro legal y el papel de la policía política en el control de la actividad cívica vinculada al tema racial.

El informe denuncia además la infiltración de estructuras estatales en iniciativas de la sociedad civil y la falta de espacios reales de debate, lo que limita el desarrollo de un movimiento antirracista autónomo. También subraya el impacto acumulado de décadas de negación oficial en el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores afrodescendientes.

Prisiones, represión y desigualdad racial

Otro informe conjunto presentado por organizaciones como Ciudadanía y Libertad, Justicia 11J, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, Civil Rights Defenders y el Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos refuerzan ese diagnóstico con datos concretos. Según estas plataformas, aunque las personas afrodescendientes representan el 33,7% de la población, constituyen el 58% de la población penitenciaria, lo que evidencia una sobrerrepresentación de 2,6 veces.

Entre enero de 2023 y marzo de 2026 se documentaron 4.626 eventos relacionados con el sistema penitenciario, incluidos 123 fallecimientos bajo custodia y al menos cuatro muertes de presos afrodescendientes por motivos políticos. Las denuncias de abusos suelen derivar en represalias: solo en lo que va de 2026 se registraron 16 casos de castigo por intentar visibilizar estas situaciones.

Los activistas advierten que la opacidad del sistema impide conocer la magnitud real del problema, por lo que las cifras disponibles constituyen un subregistro.

Discriminación interseccional y abandono

El Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos documenta además patrones de discriminación interseccional. En el 70,3% de los casos que involucran a personas afrodescendientes se combinan otras condiciones de vulnerabilidad como edad avanzada, enfermedad o discapacidad.

Entre las prácticas denunciadas figuran la negación de atención médica, torturas y abandono institucional, incluyendo casos en los que personas mayores mueren bajo custodia sin notificación a sus familias, en condiciones que evidencian negligencia o violencia.

Exigencias al régimen y a la comunidad internacional

La Cofradía de la Negritud insta al Estado cubano a cesar la represión contra activistas, aprobar una ley específica contra la discriminación racial y cumplir con las recomendaciones del CERD. También reclama mayor transparencia institucional y cooperación con organismos internacionales.

Al mismo tiempo, pide al Comité que insista en señalar el carácter estructural del racismo en Cuba y que exija información sobre casos concretos, incluidos cuatro homicidios de afrodescendientes por disparos policiales durante el período analizado.

El examen de Cuba ante el CERD, previsto para esta semana de abril, llega así acompañado de una batería de informes que apuntan en la misma dirección: lejos de resolverse, la discriminación racial en la Isla continúa profundamente entrelazada con el control político, la represión y la desigualdad social.