Educación "gratuita" pero impagable: el dilema de ir a la escuela en Cuba. Por Periodista en Cuba. Cubanet.

Un millón y medio de niños entran a las aulas este 1 de septiembre en Cuba. ¿Cuántos miles de pesos deben gastar sus padres solo para comenzar un curso que el Gobierno sigue llamando gratuito?

LA HABANA, Cuba ― He escuchado a más de una madre preguntarse si tendría sentido enviar a sus hijos a la escuela ahora en septiembre o si es más prudente dejarlos en casa hasta “que se arregle la cosa”, pues económicamente no es viable hacerlo, aun cuando los salarios de los padres se empleen hasta el último centavo en el objetivo.

Suponiendo que decidan hacer tal sacrificio, deberán destinar como mínimo entre unos 15.000 y 20.000 pesos (cifra que bien pudiera superar los salarios mensuales de dos personas, no de obreros, sino de profesionales), si es que consiguieran el horrible y escaso uniforme escolar en una tienda estatal y no en el mercado informal (donde los de primaria y secundaria suelen costar entre 3.000 y 10.000 pesos) o que decidan reutilizar los viejos o que los reciban como donación de otros padres cuyos hijos ya no los usen.

Aun así, probablemente les faltaría por adquirir todo cuanto los maestros les digan en esas reuniones de padres en las que solo se habla de soltar dinero, aunque luego, en la Televisión Cubana, la ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, se limite a garantizar “las condiciones imprescindibles, básicas para una escuela que funcionará de otra manera” y admita que asegurar los uniformes “lamentablemente no ha sido posible”, mientras el gobernante de la Isla, Miguel Díaz-Canel, sigue invocando la educación gratuita como una de las “conquistas de la Revolución”.

Esta semana me contaron de padres que habían decidido pagar entre 2.000 y 5.000 pesos al director de una escuela del municipio de La Lisa y a los maestros para que les permitieran dejar a sus hijos en las casas sin que eso llegara a convertirse en un problema, en tanto la asistencia no solo es obligatoria sino que el régimen interpreta la negativa de enviar a los hijos a la escuela como un asunto político de extrema gravedad que se sanciona con años de cárcel, aun cuando la decisión sea totalmente justificada bajo las actuales condiciones económicas, sin contar con otras cuestiones referentes a la ideología, los credos o a decisiones que solo debieran corresponder a cada familia.

A distancia, sin analizar nuestro contexto, el extremismo de la dictadura castrista hasta pudiera ser aplaudido por algunos, incluidos los organismos internacionales encargados de la educación y la infancia, de los derechos de la niñez, pero cuando se tiene en cuenta el papel manipulador que desempeñan las escuelas en la Isla (desde los niveles primarios hasta las universidades) para el aparato ideológico del Partido Comunista, que prioriza la ideologización de la enseñanza por sobre la utilidad social del conocimiento, habría que ser muy tontos o muy cómplices del régimen para no comprender que la “obligatoriedad de la educación” es realmente obligatoriedad de la ideologización y que está totalmente vinculada a las estrategias represivas de las autoridades.

Los padres no solo están amenazados de cárcel por impedir que manipulen políticamente a sus hijos, que de manera deliberada los conviertan en los fanáticos del castrismo y en los tontos útiles que vemos por miles aplaudiendo en actos políticos y marchas, sino que corren el riesgo de convertirse en el sostén de esa misma ideologización forzosa al precio de sacrificar necesidades básicas como alimentarse y cuidar de la salud (para el régimen es insostenible continuar haciéndolo pues debe concentrar esos recursos en autoprotegerse).

El castrismo, así como necesita sostener el desmesurado cuerpo represivo militar que ha construido y sobre el cual se alza, igual precisa de continuar alimentando ese otro aparato represivo de ideologización al que llama “sistema educativo”, aunque no es su prioridad la verdadera y necesaria educación sino el secuestro político de ese millón y medio de niños y adolescentes que, según el propio Ministerio de Educación, entran a las aulas este 1 de septiembre. A fin de cuentas, por cada niño forzado a mostrar lealtad política hay al menos un padre o una madre igualmente sometido.

No hay una “voluntad política”, desinteresada, por parte del régimen en mantener la “educación” y las “escuelas” abiertas aun en las actuales condiciones económicas y en virtud de los derechos universales de niños y niñas, sino una necesidad vital de continuar alimentando esas fuerzas de apoyo político artificial, forzado, que representan los millones de niños, jóvenes y adultos atrapados en una pieza indispensable del aparato represivo ―“el sistema educativo”―, a la que además debemos sostener aun a riesgo de morir de hambre.

Las “escuelas” tienen para el castrismo la misma utilidad que los sindicatos, que las organizaciones políticas y de masas. Mantenerlas funcionando, aun a costa del sacrificio de las familias, es indispensable para continuar apuntalando ante los ojos del mundo un “apoyo popular” absolutamente teatralizado que el régimen no recibiría de otro modo que no sea la fuerza.

Enviar a un niño a la escuela en estos momentos, con el enorme gasto que representa, puede repercutir en que miles de familias dejen de alimentarse “debidamente” cuando los salarios apenas alcanzan para hacerlo, en un contexto en el que un pomo de aceite de un litro, un cartón de huevos o un paquete de pollo de cinco libras superan, cada uno, el salario mínimo. Y no contemos otros gastos de absoluta sobrevivencia como el gas para cocinar (o aquello que lo reemplace), el agua, el transporte y, si la buena salud física y mental no nos acompaña después de tanto batallar, los hospitales, que hoy ya tampoco son gratuitos para nada, aunque es otra de las máscaras que continúa usando la dictadura.