La Fiscalía pide hasta nueve años de cárcel para seis personas por un cacerolazo en Villa Clara. 14ymedio.

Un familiar del periodista independiente José Gabriel Barrenechea destaca que los abogados hicieron un buen trabajo de defensa

La Fiscalía cubana pide hasta nueve años de cárcel para seis cubanos por un cacerolazo pacífico en protesta por los apagones durante un proceso que comenzó este miércoles en el tribunal provincial de Villa Clara.

Según contó a 14ymedio un familiar del periodista independiente José Gabriel Barrenechea, la audiencia se prolongó hasta las 8 de la noche por la cantidad de testigos que prestaron declaración. La misma fuente afirmó que había cierta satisfacción por del desarrollo del juicio, ya que se permitió que quienes testificaron a favor de los acusados hablaran sin cortapisas.

"La Fiscalía presentó testigos, sí, exageraron, dijeron cosas... pero hubo muchos testigos de la defensa y los cinco abogados defendieron bien: hablaron de que eso fue una manifestación pacífica y que debían soltarlos", sostiene. Durante la sesión, el juzgado sufrió un apagón.

"Los abogados te puedo decir que lo hiciron bien. Que decidan lo que quieran hacer, pero al menos ellos dijeron muchas cosas reales", insiste la fuente. La sentencia será comunicada a la defensa en una fecha sin concretar.

Cinco de los imputados por este caso permanecen en prisión provisional desde pocos días después de que se produjeran los hechos, el 7 de noviembre de 2024.

Poco antes de dar comienzo el juicio, activistas y familiares denunciaron la detención del histórico opositor cubano Guillermo Coco Fariñas, cuando se desplazaba hacia el tribunal para asistir a la vista.

La Fiscalía solicita seis años de cárcel para Barrenechea

Según el escrito de la Fiscalía, los imputados –con tres calderos "que no pudieron ser ocupados"– lideraron un cacerolazo en la localidad de Encrucijada aprovechando "la ausencia de fluido eléctrico causada por la crisis electroenergética en el país".

La acción, con "toques incesantes" y a "altos decibeles", estuvo acompañada de gritos repetidos de "Pongan la corriente, queremos corriente". Esto, argumenta la Fiscalía, supuso "perturbar la tranquilidad ciudadana" y "obstaculizar el tráfico de vehículos por la vía pública".

Con esta descripción, la Fiscalía solicita nueve años de cárcel para dos de los imputados, seis para Barrenechea, y cinco y cuatro, respectivamente, para otros dos acusados. Para un sexto, se piden cinco años de limitación de libertad.

Todos los juzgados son varones, naturales de Encrucijada, y tienen entre 26 y 53 años. Ninguno tiene antecedentes penales.

Barrenechea fue detenido pocos días después de la protesta. Se rechazó su petición de quedar en libertad a la espera de juicio y sólo se le permitió salir de prisión para acudir al funeral de su madre (pero no visitarla cuando ya estaba gravemente enferma).

El 25 de junio pasado, la Fiscalía entregó al Tribunal Provincial de Villa Clara una petición de pena de seis años de prisión para el comunicador, que fue colaborador de este diario. El documento detalla que el “delito” de Barrenechea –a quien inicialmente buscaron acusar de sedición– durante las manifestaciones pacíficas, luego de 48 horas sin corriente eléctrica en Encrucijada, fue gritar “pongan la corriente, queremos la corriente”, a coro junto a otros manifestantes, e instar “a viva voz a que las personas presentes no desistieran de su actuar”.

El documento agrega que el periodista “muestra total desafecto por el proceso revolucionario y su máximo dirigente”. Asimismo, señala que es un ciudadano sin antecedentes penales, pero que se “relaciona con personas de mala moralidad y conducta social, y no posee vínculo laboral reconocido”.

Durante estos últimos 10 meses, Barrenechea ha estado preso en el centro penitenciario La Pendiente, en Santa Clara. El lugar es “conocido por sus condiciones de hacinamiento extremo y por albergar a presos de todo tipo”, según el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana. Su estancia ahí ha representado “un grave riesgo para su vida”, subrayó la entidad en un comunicado días después de la detención del comunicador.

En prisión, el comunicador sufrió la muerte de su madre, Zoila Esther Chávez, que dependía de él, y solo se le permitió asistir a su funeral durante una hora y media.

La investigadora de Amnistía Internacional para Cuba, Johanna Cilano, se refirió este miércoles al juicio en redes sociales. "La protesta es un derecho, nadie debería estar encarcelado solo por ejercer sus derechos humanos", aseguró.

Cilano conectó este proceso con otros dos juicios celebrados recientemente en Cuba, como el de las protestas de Bayamo de marzo de 2024, por el que 15 personas han sido condenadas a hasta 9 años de cárcel por protestar.