Un informe de Archivo Cuba atribuye al régimen castrista 8.267 muertes y desapariciones por motivos políticos desde el 1 de enero de 1959 y coloca a Raúl Castro en el centro de esa responsabilidad histórica. Por Carlos Alejandro Rodríguez. Cubanet.

De acuerdo con la ONG Archivo Cuba la cifra sería superior.

Un informe de Archivo Cuba publicado este martes atribuye al régimen castrista 8.267 muertes y desapariciones por motivos políticos desde el 1 de enero de 1959 y coloca a Raúl Castro en el centro de esa responsabilidad histórica.

El documento, titulado Cuba: el costo humano del régimen de Raúl Castro, sostiene además que, desde que Raúl Castro asumió el mando supremo del país tras la enfermedad de Fidel Castro en 2006 y hasta el 15 de marzo de 2026, se han documentado 1.002 muertes y desapariciones atribuidas al Estado cubano.

El reporte define a Raúl Castro como “arquitecto y ejecutor de la dictadura cubana” de 1959 a 2026 y afirma que, durante 73 años, “ha cometido crímenes espantosos contra los ciudadanos de Cuba y los ha privado de sus derechos fundamentales civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, comenzando por el de la autodeterminación”.

Según Archivo Cuba, Raúl fue corresponsable junto a Fidel Castro de la instalación y conservación en la Isla de una dictadura comunista totalitaria, y aunque aparece formalmente retirado, “es ampliamente aceptado” que sigue dirigiendo el país con apoyo de familiares, viejos cuadros del régimen, el Partido Comunista de Cuba (PCC) y la cúpula militar.

El documento repasa la trayectoria de Raúl Castro desde la lucha armada contra Fulgencio Batista hasta su ascenso como figura dominante del poder cubano. Señala que participó junto a Fidel Castro en el asalto al cuartel Moncada en 1953, cumplió 22 meses de prisión, pasó por el exilio en México y desembarcó en el yate Granma en 1956. Ya en el poder, ocupó durante 49 años el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), entre 1959 y 2008, y fue vicepresidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros entre 1976 y 2008.

El informe añade que en 1989 tomó control del Ministerio del Interior tras la purga relacionada con las Causas 1 y 2; que en 2008 fue nombrado oficialmente presidente de Cuba; que en 2011 sustituyó a Fidel como primer secretario del PCC; y que, durante la sucesión entre hermanos, consolidó el control directo de gran parte de la economía cubana mediante el conglomerado militar GAESA, que absorbió a CIMEX. También recuerda que en 2018 designó a Miguel Díaz-Canel como “presidente” y en 2021 como primer secretario del PCC.

Sobre el período de mando directo de Raúl Castro, Archivo Cuba desglosa las 1.002 muertes y desapariciones documentadas en 134 ejecuciones extrajudiciales, seis desapariciones forzadas, 19 muertes durante huelgas de hambre bajo custodia, 261 fallecimientos por negación de atención médica o por condiciones médicas en custodia, 116 suicidios en prisión o de carácter político o inducido, 41 muertes por negligencia grave o criminal dentro de las FAR o la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y 365 ocurridas en intentos de salida de Cuba. El informe advierte que la cifra real sería mayor.

El reporte acompaña esas cifras con una cronología de casos. Entre ellos menciona a Jesús Márquez Lemez, arrestado en Santa Clara el 5 de agosto de 2006 tras un intento de salida del país y reportado oficialmente como suicidio; a Miguel Valdés Tamayo, exprisionero de conciencia muerto en La Habana el 10 de enero de 2007 por una afección cardíaca agravada, por abusos de agentes estatales y la negativa a permitirle viajar para recibir tratamiento; a Rigoberto Martínez Castillo, activista de derechos humanos fallecido en marzo de 2008 tras una golpiza; a Geovany Castellano, preso común muerto en 2009 en Kilo 7, Camagüey, después de haber sido sometido a una tortura descrita como “crucifixión”; a Julio Santos Hernández, golpeado por guardias penitenciarios en 2010 en Pinar del Río; a Juan Wilfredo Soto, muerto en Santa Clara en 2011 tras una paliza policial; y a Wilman Villar Mendoza, preso político fallecido en enero de 2012 durante una huelga de hambre, luego de haber sido puesto en celda de castigo y, según el informe, privado de agua y atención médica.

La lista continúa con Jorge Lemaine Martínez, muerto en 2013 en Ciego de Ávila en un caso reportado oficialmente como suicidio; Luis Miguel Arias Cala, fallecido en Holguín en 2014 tras haber sido inyectado a la fuerza con una sustancia no identificada, siempre según la versión recogida por Cuba Archive; Aurelio Quesada Jiménez, muerto en prisión en 2015 en Cienfuegos por insuficiencia renal después de que se le negara atención médica; Yusnel Contrera Kirskourt, opositor abatido por la Policía en Las Tunas en 2016; Rafael Arredondo, preso común muerto en 2017 en Melena del Sur tras una golpiza; el médico Eduardo Vázquez Roche, fallecido en Brasil en 2018 mientras cumplía misión internacionalista; e Iván Michel Ponce de León, muerto en 2019 en La Habana después de una brutal golpiza policial durante arresto.

Para los años más recientes, el informe destaca la muerte en 2020 del activista Yosvany Aróstegui Almenteros tras una huelga de hambre de 40 días; el asesinato de Diubis Laurencio Tejeda, baleado por la espalda en La Güinera el 12 de julio de 2021 durante la represión posterior al 11J; la muerte bajo custodia de Alfonso Chaviano Peláez en 2022; el fallecimiento de Sergio Pozo Hernández tras una golpiza policial en 2023; la muerte de Manuel Guillén Esplugas en una celda de castigo del Combinado del Este en 2024, reportada oficialmente como suicidio aunque, según el documento, el cuerpo presentaba signos claros de brutal golpiza; y dos casos de 2025: Adrián Alonso, apuñalado por un policía en Cienfuegos después de gritar “Abajo la dictadura” desde la ventana de su apartamento durante un apagón, y Yoleisy Oviedo Rodríguez, madre de dos hijos, fallecida el 11 de febrero de 2025 en el campamento de trabajo forzado El Guatao por falta de atención médica mientras cumplía condena por participar en una protesta pacífica contra los apagones en Güines.

El recuento cierra con Luis Miguel Oña Jiménez, preso político de 27 años condenado por “sedición” por su participación en las protestas del 11J, quien murió el 15 de febrero de 2026 poco después de ser liberado con diagnóstico terminal, tras sufrir un derrame cerebral y, según el informe, sin recibir la atención adecuada a tiempo.

Más allá del período 2006-2026, Archivo Cuba dedica un apartado a lo que llama el “legado ensangrentado” de Raúl Castro. Afirma que, ya en la Sierra Maestra, él, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara ordenaron al menos 25 ejecuciones arbitrarias entre 1957 y 1958, sin debido proceso. Después del triunfo revolucionario, el informe documenta 805 fusilamientos en 1959, además de 62 ejecuciones extrajudiciales y cuatro desapariciones forzadas. En particular, sostiene que Raúl Castro, como comandante a cargo de la provincia de Oriente entre inicios de enero y mediados de febrero de 1959, ordenó solo en enero el fusilamiento de 140 hombres sin debido proceso. Añade que el 15 de enero de ese año la agencia UPI lo citó diciendo que ya habían sido ejecutados 106 “criminales de guerra” en Oriente y que seguirían más ejecuciones.

Uno de los episodios más duros recogidos por el documento es la masacre de Loma de San Juan, en Santiago de Cuba, el 12 de enero de 1959. Según el informe, un tribunal revolucionario había condenado a muerte a cuatro hombres tras un juicio sumario de cuatro horas, pero Raúl Castro intervino, detuvo el proceso y ordenó la ejecución inmediata de 68 hombres más. En total, 71 fueron llevados al amanecer a un campo de tiro y asesinados. El texto reproduce un pasaje de la revista Time que describe cómo “una excavadora abrió una zanja” para la fosa común y cómo, desde una loma cercana, los espectadores gritaban: “Mátenlos, mátenlos”. El informe agrega que al menos una de las víctimas habría sido enterrada viva.

Archivo Cuba también responsabiliza a Raúl Castro por la imposición durante décadas del Servicio Militar Activo (SMA), de carácter obligatorio, incluso para menores de 18 años. Recuerda que el 12 de noviembre de 1963 defendió en la Televisión Cubana una ley que establecía tres años de servicio para “todos los varones cubanos desde el 1 de enero del año en que cumplen 17 años y hasta el 31 de diciembre del año en que cumplen 45”. Añade que en 1973 otra norma fijó el servicio para hombres de 16 a 27 años y creó una reserva militar obligatoria hasta los 45. Ese mismo año, según el documento, el Ministerio de Defensa creó el Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) como fuerza paramilitar para labores agrícolas, de construcción y otras actividades productivas, imponiendo trabajo forzado a reclutas considerados no aptos para la vida militar o necesitados de “reeducación” por “desviación”, conducta antisocial o “problemas ideológicos”.

Archivo Cuba también asegura que el SMA y el EJT han dejado durante décadas secuelas físicas y psicológicas, con jóvenes enviados a unidades remotas, sometidos a trabajo forzado, malas condiciones de vida, insuficiente atención médica, escasez crónica de alimentos y falta de entrenamiento con armas y equipos peligrosos. Solo entre 2020 y 2025, el informe documenta 60 muertes de reclutas jóvenes, incluidas ocho ejecuciones extrajudiciales y 22 suicidios, entre ellos al menos un adolescente de 16 años y dos de 17.

El último tramo del reporte amplía la acusación a la política exterior y militar del castrismo. Sostiene que Raúl Castro estuvo directamente a cargo de las FAR durante las incursiones militares en Angola, Etiopía y Siria. Archivo Cuba ha documentado 889 bajas cubanas en esos escenarios, aunque cree que la cifra real podría ser al menos el doble y, por otro lado, añade que la “ocupación estratégica” de Venezuela por parte de Cuba durante el chavismo y el madurismo costó una cifra estimada de 10.000 vidas venezolanas entre 2013 y 2023.

El documento también afirma que al menos ocho ciudadanos estadounidenses murieron en ataques de grupos terroristas patrocinados o apoyados por Cuba, entre ellos el embajador John Gordon Mein; Alejandro Berger, Frank Connor, James Gezork y Harold Sherburne en el atentado del Fraunces Tavern; Charles Steinberg; y Dan Mitrione, secuestrado, torturado y asesinado en Uruguay por guerrilleros tupamaros dirigidos, según el informe, por altos oficiales del Ministerio del Interior de Cuba. Asimismo, menciona el llamado “Programa Cubano” aplicado a prisioneros de guerra estadounidenses en Vietnam y el derribo en 1996 de las avionetas civiles de Hermanos al Rescate, en el que murieron Armando Alejandre, Carlos Alberto Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.