La vejez en Cuba es el rostro más visible del fracaso de la Revolución. La socióloga Elaine Acosta analiza el abandono de los adultos mayores en Cuba. Por Augusto César San Martín. Cubanet.+ Video.

Más de una cuarta parte de la población cubana supera ya los 60 años. Sin embargo, el acelerado envejecimiento demográfico encuentra al país sumido en una crisis económica y social que golpea especialmente a quienes dependen de pensiones insuficientes, servicios públicos deteriorados y familiares que, en muchos casos, han emigrado.

Para Elaine Acosta, socióloga, directora ejecutiva de Cuido60 —Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos— e investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida (FIU), los adultos mayores padecen una vulneración simultánea de derechos que abarca desde la alimentación y la salud hasta la vivienda, la movilidad y el acceso a los cuidados.

En entrevista con CubaNet, la especialista analiza el abandono de los ancianos, las consecuencias del éxodo migratorio y los desafíos que deberá enfrentar una eventual transición democrática para reconstruir el sistema de protección social.

—Desde la sociología, ¿cómo definiría la situación actual de los adultos mayores en Cuba? ¿Qué distancia existe entre el discurso oficial sobre la protección social y la realidad?

—No es una situación nueva. Es un proceso que se ha venido acumulando durante varios años sin recibir la atención adecuada de las autoridades ni de las políticas sociales.

Si tuviera que resumirlo en una frase, diría que el fracaso del proyecto que pretendió implementar la llamada Revolución cubana se hace hoy más visible en la generación que ha llegado a la adultez mayor. Son personas que, independientemente de sus posiciones o actuaciones, protagonizaron ese proyecto y apostaron por la promesa de un futuro mejor para ellas y sus hijos.

Al llegar a la vejez se han encontrado probablemente con el peor de los escenarios: “la vejez que nunca esperamos”, como expresó una de las personas que participó en uno de los libros publicados por Cuido60.

Este grupo, que representa más de una cuarta parte de la población cubana, experimenta una vulneración concatenada de derechos. Sufre privaciones en todos los ámbitos de la vida: desde lo más básico y material, como las pensiones, hasta la calidad de vida y la expectativa de disfrutar de una vejez digna.

El Estado cubano no ha sabido ofrecer una alternativa viable y sostenible para modificar las circunstancias en las que nuestros mayores, padres y abuelos viven la última etapa de sus vidas. Nos encontramos frente a una población que parece haber atravesado una posguerra: devastada en numerosos órdenes y con muy pocas esperanzas de que su situación mejore.

—El Gobierno ha anunciado aumentos de pensiones y otras medidas puntuales. ¿Han representado una mejoría real?

—Ninguna de las modificaciones realizadas durante los últimos años puede considerarse una mejora sustantiva en la calidad de vida de los adultos mayores.

El aumento de las pensiones es un cambio meramente formal porque no mejora sus condiciones reales. El costo de la vida es inabordable para el ciudadano promedio y más aún para las personas mayores, de las cuales más del 80% depende única y exclusivamente de su pensión.

Pero el problema no se limita al valor del dinero que reciben. Después de la llamada Tarea Ordenamiento y del proceso de bancarización se han acumulado nuevas dificultades. La brecha digital afecta a cualquier ciudadano en Cuba, pero para las personas mayores es prácticamente infinita.

En nuestra labor de monitoreo hemos documentado las dificultades que enfrentan incluso para cobrar una pensión que apenas les permite cubrir una semana de necesidades. Deben hacer largas colas, a veces sin lograr retirar el dinero, en condiciones de inseguridad alimentaria extrema, con una salud deteriorada y serios problemas para movilizarse.

A eso se suman los obstáculos para conseguir alimentos y medicamentos, disponer de una vivienda digna, trasladarse o protegerse frente al aumento de la inseguridad ciudadana. Obligar a una persona mayor a esperar durante horas para cobrar una pensión insuficiente constituye un abuso y una vulneración de derechos básicos.

—¿Se está retirando el Estado cubano de la protección de los sectores más vulnerables?

—El Estado ha venido cambiando su enfoque de protección social y retirándose de numerosas acciones, políticas y programas destinados tanto a la población mayor como a otros sectores vulnerables.

Esa responsabilidad se transfiere cada vez más a las familias y al mercado. Al mismo tiempo, se restringen las posibilidades de actuación de una sociedad civil organizada que podría complementar la atención y ofrecer servicios a los adultos mayores.

No estoy diciendo que la participación del sector privado sea negativa. El problema es que las responsabilidades deben repartirse democráticamente y que, en las actuales condiciones de empobrecimiento generalizado, el Estado no puede retirarse.

Mucho menos puede hacerlo después de haber impedido durante décadas que la ciudadanía se desarrolle libremente en el ámbito económico, además de mantener innumerables restricciones sobre las libertades políticas y de expresión.

—¿Cómo ha afectado el éxodo migratorio a los adultos mayores que permanecen en Cuba?

—Todavía no hemos sido capaces de calcular todos los efectos de esta última crisis migratoria, cuya magnitud tampoco es reconocida oficialmente por el Gobierno.

Existe un déficit significativo en la provisión de cuidados familiares porque cada vez quedan menos personas disponibles para atender a los mayores. Históricamente, los cuidados en Cuba han recaído en la familia, pero desde hace años advertíamos que, frente al incremento de la demanda, el Estado no estaba desarrollando capacidades institucionales ni servicios en la misma proporción.

La emigración ha reducido la oferta de cuidados en el ámbito familiar, mientras que la atención institucional no ha mejorado. La responsabilidad continúa trasladándose a familias cada vez más fragmentadas.

Además, el éxodo tiene un impacto considerable sobre la salud física y mental. Estas familias no emigran en cualquier momento, sino en medio de una de las peores crisis económicas de la historia del país. Si para una persona joven resulta difícil sostener la vida cotidiana, imaginemos lo que significa para un adulto mayor.

Las personas mayores pierden sus vínculos afectivos más importantes precisamente en una etapa en la que más los necesitan. Se separan de hijos y nietos, mientras también van perdiendo esposos, hermanos, primos y amigos. Se quedan cada vez más solas y sin expectativas.

—¿Ha aumentado la cantidad de adultos mayores que viven solos?

—No existen estadísticas oficiales actualizadas. Entre el último censo y la Encuesta Nacional de Envejecimiento de 2017 se había producido un aumento aproximado del 12% al 17%. Hoy ese porcentaje debe ser mucho mayor.

A pesar de la magnitud de la crisis, no existe un programa nacional capaz de atender a todas las personas mayores que viven solas. Las instituciones y programas disponibles están debilitados, deteriorados y en crisis.

También aumentaron los costos de servicios como las casas de abuelos o centros de día. No se trata únicamente del precio: ¿quién garantiza que una persona mayor pueda trasladarse hasta esos centros si no tiene familiares, acompañantes ni transporte público?

Ha aumentado tanto la soledad objetiva como la percepción de sentirse solo, sin expectativas y sin un futuro con sentido. También se han debilitado los vínculos comunitarios porque, en una crisis estructural, cada persona se ve obligada a concentrarse en su propia supervivencia.

Hemos conocido casos de adultos mayores que fallecieron solos en sus viviendas y cuyos vecinos descubrieron la muerte varios días después. Esto fue particularmente grave durante la crisis sanitaria provocada por el chikungunya y otras arbovirosis. Personas mayores murieron en sus domicilios sin recibir ayuda.

El aislamiento social ha crecido porque no existen las condiciones materiales, sociales y culturales necesarias para que estas personas permanezcan integradas a la sociedad. El Estado tiene una responsabilidad enorme: la falta de políticas y el agravamiento de la crisis económica han favorecido ese aislamiento.

—¿Hasta qué punto las remesas y los cuidados a distancia pueden compensar el abandono institucional?

—Los cuidados transnacionales y la ayuda de quienes emigraron han garantizado la supervivencia de muchas personas mayores y de familias enteras. Sin embargo, no son suficientes si no existen las condiciones mínimas para que los adultos mayores conserven su autonomía.

La mayoría mantiene niveles relativamente altos de independencia, pero estos disminuyen porque no hay infraestructura, transporte ni servicios que les permitan conseguir lo necesario para vivir.

Por muchas plantas eléctricas que enviemos, no podemos garantizarles electricidad. Tampoco podemos asegurar el agua que beben en medio de la crisis hídrica. La capacidad de la comunidad cubana en el exterior para ofrecer asistencia humanitaria tiene un límite, porque no puede controlar ni asegurar toda la gestión cotidiana de la vida dentro de Cuba.

—El régimen ha presentado históricamente la asistencia social como uno de los principales logros de la Revolución. ¿Cómo debería transformarse ese sistema en una Cuba democrática?

—Uno de los principales retos es que solemos pensar la transición fundamentalmente en términos políticos y económicos. Es lógico, pero esa transición tendrá lugar dentro de un contexto humano y demográfico muy particular.

Si no se considera esa realidad, buena parte de las políticas no podrá satisfacer las necesidades actuales de la sociedad. Cuba necesitará rediseñar toda su arquitectura del bienestar.

La población se ha socializado durante décadas con determinadas políticas y garantías que, aunque hoy se encuentren en quiebra, continúan formando parte de sus aspiraciones legítimas. El acceso universal a la salud y las garantías sociales siguen siendo demandas de la ciudadanía. La democratización de Cuba debe producirse también con una ampliación de los derechos sociales; ambas cosas no tienen por qué estar reñidas.

Será imprescindible democratizar las estructuras de poder y distribuir de manera justa las responsabilidades del bienestar y los cuidados. Todos los actores deben participar en igualdad de condiciones: el Estado, el sector privado, la sociedad civil, las comunidades, los partidos y los representantes ciudadanos.

Necesitamos recuperar la idea de un sistema nacional de cuidados, pero diseñado democráticamente y con una fuente sostenible de financiamiento. El Estado deberá mantener una participación activa porque más de una cuarta parte de la población es mayor y el empobrecimiento se ha extendido significativamente. Probablemente será necesario implementar un programa nacional para superar la pobreza.

—¿Qué papel tendría la asistencia humanitaria durante los primeros años de una transición?

—Será fundamental. En los primeros años —posiblemente durante un período prolongado— las necesidades más básicas no estarán garantizadas de inmediato.

Las crisis energética, hídrica y alimentaria no se resolverán de un día para otro. Será necesario recuperar las fuerzas de una población muy deteriorada para que pueda contribuir económica, política y socialmente a la reconstrucción del país.

También tendremos que decidir cómo sostener un sistema de pensiones totalmente debilitado, en medio de lo que la literatura denomina un “tsunami de plata”: el proceso de jubilación de toda una generación numerosa, con una población envejecida y una fuerza laboral reducida tanto por la emigración como por el deterioro interno.

—¿La privatización de los servicios sería una solución?

—El sector privado deberá crecer y tendrá un papel importante, pero las experiencias internacionales nos enseñan que debemos tener cuidado con la privatización de los servicios sociales.

Los costos podrían volverlos inaccesibles para una población que hoy está profundamente empobrecida y que probablemente seguirá estándolo durante los primeros años de la transición.

Frente a la ineficiencia, la burocratización y el deterioro del Estado cubano, es comprensible que la reacción inmediata sea decir: “Privaticémoslo todo”. Pero la privatización no responde por sí sola a todas las necesidades.

No se trata de restar importancia a los actores privados, sino de distribuir democráticamente las responsabilidades de la protección social y evitar que la calidad de los cuidados dependa exclusivamente de la capacidad de pago.

—¿Cuánto podría tardar la recuperación económica y social del país?

—No me gusta establecer plazos, pero es probable que un proceso de recuperación económica y social tome aproximadamente una década.

Las inversiones económicas podrían llegar más rápido de lo esperado, pero la mejoría real de las condiciones de vida solo será posible si se toman en consideración la estructura demográfica, el empobrecimiento y las desigualdades existentes.

De lo contrario, muchas brechas podrían ampliarse en lugar de reducirse. Tenemos que pensar en una transición para todos, y eso significa incluir en los planes de reconstrucción a ese 25% —o más— de la población que supera los 60 años.

Las personas mayores no deben ser vistas exclusivamente como una carga. Pueden continuar contribuyendo al desarrollo del país. Cuba podría impulsar la llamada “economía plateada”, con servicios y actividades productivas relacionados con este sector. Hay que analizar el envejecimiento desde la perspectiva del desarrollo y aprovechar la experiencia y las capacidades que conserva esa población.

La transición será más difícil si consideramos a los mayores únicamente como un problema. También puede representar una oportunidad si conseguimos garantizarles condiciones dignas y crear los espacios necesarios para que continúen participando en la reconstrucción de la sociedad cubana.

Nota: Esta entrevista se realizó como parte de una colaboración con el proyecto de Cuba Siglo 21 «Cuba:
reconstruir y reinventar»