El régimen da más margen a los campesinos en Cuba sin soltar el control de la tierra. Diario de Cuba.

Los productores por fin podrán comercializar sus producciones 'sin intermediarios obligatorios', de acuerdo con una de las nuevas normas publicadas en la Gaceta Oficial de la República.

En medio de una profunda escasez de comida en Cuba y tras décadas de hundimiento sostenido de la agricultura como resultado de un modelo económico fallido, el Gobierno publicó el miércoles una serie de normas en la Gaceta Oficial de la República, que otorgan nuevas facultades a los campesinos, con el objetivo de incrementar la producción de alimentos.

No obstante, el Estado seguirá siendo el dueño de la tierra en Cuba, lo que significa que el principal obstáculo para el desarrollo agrícola en la Isla sigue en pie.

Una de las normas publicadas en la Gaceta es el Decreto Ley 161/2026, que elimina una de las mayores trabas denunciadas durante años por el campesinado cubano: la imposición de un intermediario obligatorio (el Estado) para la comercialización de sus producciones.

La norma establece que los productores cubanos por fin podrán "comercializar sin intermediarios obligatorios, así como las cooperativas y mipymes podrán realizar comercio exterior directamente y formar precios según oferta y demanda", citó el diario oficial Granma.

El Decreto Ley 121/2026, también publicado el miércoles, autoriza, tras años de prohibirlo, que los campesinos importen insumos, tecnologías y combustibles, siempre que sean aprobados en asamblea.

También podrán formar y pactar precios mediante acuerdos entre partes, asociarse con entidades estatales y no estatales, y participar como sujetos de inversión extranjera a través de empresas mixtas o asociaciones económicas internacionales.

La Resolución 162/2026 permite que las personas naturales que cuenten con las condiciones para cebar machos en las categorías de terneros y añojos podrán hacerlo sin necesidad de poseer tierras, "no sin antes inscribir el animal en el Registro Pecuario correspondiente y solicitar licencia sanitaria", aclaró el viceministro de Agricultura de Cuba, Telce González Morera.

"Hay mayor flexibilidad en la comercialización de carnes por parte de los productores agropecuarios, siempre respetando que el balance municipal mantiene prioridad con los consumos sociales. Se produce una simplificación de los trámites sanitarios sin descuidar la inocuidad alimentaria, se abren nuevos canales de comercialización de productos cárnicos, y se articulan las normas con las de sanidad animal y medicina veterinaria", destacó.

Respecto a la medicina veterinaria, el Decreto-Ley 127/2026 autoriza que trabajadores por cuenta propia y entidades no estatales presten servicios de asistencia veterinaria e incluso la creación de laboratorios privados para controles oficiales.

La asistencia veterinaria se extiende a todas las especies de animales y se reconoce la posibilidad de importar y exportar mercancías del sector por personas naturales y jurídicas no estatales.

Entre las normas publicadas en la Gaceta figura también la Ley 185 /2026 "Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal", que recibió luz verde de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en julio.

Como recordó González Morera, la ley "mantiene la propiedad estatal sobre la tierra, pero amplía el régimen de usufructo".

"Se autoriza el acceso a personas naturales, jurídicas, estatales, privadas y mixtas, permitiendo que todos los actores de la economía participen en este proceso", destacó el funcionario.

Al analizar el proyecto de ley, a mediados de julio, la periodista Lucía Alfonso Mirabal advirtió en DIARIO DE CUBA que "estamos ante el perfeccionamiento legal del control estatal sobre el campesinado".

"La principal característica del proyecto no es la apertura, sino la reafirmación inflexible de los principios históricos de la Reforma Agraria de los años 60 y de la concepción socialista de la propiedad. El texto ratifica que la tierra es propiedad socialista de todo el pueblo —un eufemismo para decir propiedad del Estado— y prohíbe explícitamente la transmisión de tierras estatales en propiedad a personas naturales o jurídicas", señaló Alfonso Mirabal.

"Así, el régimen deja claro su mayor temor respecto al campo: el nacimiento de una clase de propietarios agrarios verdaderamente independientes. El predominio absoluto del Estado sobre el principal medio de producción agrícola es innegociable para el castrismo", alertó.

"Al vetar la propiedad privada para los nuevos productores, el usufructo se consolida como la única vía de acceso a la tierra. El proyecto intenta endulzar la píldora ampliando la duración de los contratos a 25 años y permitiendo que nuevos actores económicos se beneficien de ellos. No obstante, la relación jurídica sigue marcada por la dependencia del aparato administrativo", criticó la periodista.