Video DNews: Colombia - Más de trece mil personas atrapadas porenfrentamientos entre disidencias de las FARC enGuaviare y se reportan al menos 30 insurgentes muertos.
[00:39] 🔥 Fuertes enfrentamientos entre disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare por el control de territorios cocaleros.
[01:19] ⚠️ Se reportan al menos 30 insurgentes muertos, muchos ejecutados con tiros de gracia, en una masacre que refleja la crueldad del conflicto.
[03:10] 🛑 La Defensoría del Pueblo pide respeto al derecho internacional humanitario y protección para la población civil atrapada en la violencia.
[04:24] 🏞️ Más de 13,400 personas están confinadas y atrapadas en zonas rurales afectadas por minas antipersonales, complicando el acceso de ayuda y seguridad.
[06:19] 💣 Uso de minas antipersonales, conocidas como “minas quiebra patas”, impide que las fuerzas militares y policiales puedan garantizar la seguridad en el territorio.
[07:39] ✝️ La Iglesia Católica llama al diálogo y al desarme, alertando sobre el sufrimiento de comunidades indígenas y campesinas desplazadas por el conflicto.
[11:11] 🗳️ El contexto electoral y la proximidad de elecciones legislativas y presidenciales aumentan la tensión y la incertidumbre sobre el futuro de la seguridad en Colombia.
Sergio David González reporta una situación crítica de seguridad en Colombia, especialmente en el departamento del Guaviare, debido a violentos enfrentamientos entre disidencias de la guerrilla de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Durante el fin de semana, se registró una masacre con al menos 30 insurgentes muertos, muchos de ellos ejecutados con tiros de gracia, en un conflicto por el control de un territorio cocalero estratégico que abarca 5 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca. Este territorio es fundamental para la producción y el tráfico de pasta de cocaína que se dirige hacia el mercado ilegal internacional, conectando con grupos criminales en Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
La violencia, que antes se concentraba en la zona del Catatumbo, se ha desplazado hacia la Amazonía colombiana, específicamente en Guaviare, generando un grave impacto en la población civil. Cerca de 13,400 personas están atrapadas en medio del conflicto y confinadas debido a la presencia de minas antipersonales o “minas quiebra patas”, utilizadas desde hace décadas por los grupos guerrilleros y que dificultan el acceso de las fuerzas públicas y humanitarias. El Ejército Nacional y la Policía están desplegando operaciones para controlar la situación y desactivar estos artefactos explosivos, pero la seguridad todavía no está asegurada.
La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas y rechazado estos hechos, instando a los actores armados a respetar el derecho internacional humanitario y proteger a la población civil. La Iglesia Católica también se ha pronunciado, a través del monseñor Héctor Fabio Nado, haciendo un llamado a la paz y el desarme, señalando el sufrimiento de comunidades indígenas y campesinas que sufren confinamiento, desplazamiento y miedo.
El contexto político también influye en la situación, ya que el gobierno nacional tiene menos de siete meses para concluir su mandato y enfrenta un escenario electoral complejo, con elecciones legislativas y consultas internas de partidos a solo 50 días. Las negociaciones de paz con algunas disidencias, como las de alias Calarcá, no han avanzado, mientras que otras, como las de Iván Mordisco, mantienen posturas críticas y violentas. Además, se reportan hostigamientos en otras regiones como el Cauca y siguen fuertes los enfrentamientos en Catatumbo, lo que indica una semana con alta probabilidad de violencia y zozobra para la ciudadanía.
Las autoridades enfatizan la necesidad de garantizar la seguridad y permitir el libre tránsito para que la población civil pueda acceder a servicios básicos, como educación y salud, aunque reconocen que la situación aún es compleja y requiere un esfuerzo significativo para controlar las minas antipersonales y proteger a los habitantes afectados. En suma, Colombia enfrenta un periodo de violencia intensa y desafío humanitario en medio de un proceso electoral y un contexto político incierto.
[01:19] ⚠️ Se reportan al menos 30 insurgentes muertos, muchos ejecutados con tiros de gracia, en una masacre que refleja la crueldad del conflicto.
[03:10] 🛑 La Defensoría del Pueblo pide respeto al derecho internacional humanitario y protección para la población civil atrapada en la violencia.
[04:24] 🏞️ Más de 13,400 personas están confinadas y atrapadas en zonas rurales afectadas por minas antipersonales, complicando el acceso de ayuda y seguridad.
[06:19] 💣 Uso de minas antipersonales, conocidas como “minas quiebra patas”, impide que las fuerzas militares y policiales puedan garantizar la seguridad en el territorio.
[07:39] ✝️ La Iglesia Católica llama al diálogo y al desarme, alertando sobre el sufrimiento de comunidades indígenas y campesinas desplazadas por el conflicto.
[11:11] 🗳️ El contexto electoral y la proximidad de elecciones legislativas y presidenciales aumentan la tensión y la incertidumbre sobre el futuro de la seguridad en Colombia.
Sergio David González reporta una situación crítica de seguridad en Colombia, especialmente en el departamento del Guaviare, debido a violentos enfrentamientos entre disidencias de la guerrilla de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá. Durante el fin de semana, se registró una masacre con al menos 30 insurgentes muertos, muchos de ellos ejecutados con tiros de gracia, en un conflicto por el control de un territorio cocalero estratégico que abarca 5 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca. Este territorio es fundamental para la producción y el tráfico de pasta de cocaína que se dirige hacia el mercado ilegal internacional, conectando con grupos criminales en Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
La violencia, que antes se concentraba en la zona del Catatumbo, se ha desplazado hacia la Amazonía colombiana, específicamente en Guaviare, generando un grave impacto en la población civil. Cerca de 13,400 personas están atrapadas en medio del conflicto y confinadas debido a la presencia de minas antipersonales o “minas quiebra patas”, utilizadas desde hace décadas por los grupos guerrilleros y que dificultan el acceso de las fuerzas públicas y humanitarias. El Ejército Nacional y la Policía están desplegando operaciones para controlar la situación y desactivar estos artefactos explosivos, pero la seguridad todavía no está asegurada.
La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas y rechazado estos hechos, instando a los actores armados a respetar el derecho internacional humanitario y proteger a la población civil. La Iglesia Católica también se ha pronunciado, a través del monseñor Héctor Fabio Nado, haciendo un llamado a la paz y el desarme, señalando el sufrimiento de comunidades indígenas y campesinas que sufren confinamiento, desplazamiento y miedo.
El contexto político también influye en la situación, ya que el gobierno nacional tiene menos de siete meses para concluir su mandato y enfrenta un escenario electoral complejo, con elecciones legislativas y consultas internas de partidos a solo 50 días. Las negociaciones de paz con algunas disidencias, como las de alias Calarcá, no han avanzado, mientras que otras, como las de Iván Mordisco, mantienen posturas críticas y violentas. Además, se reportan hostigamientos en otras regiones como el Cauca y siguen fuertes los enfrentamientos en Catatumbo, lo que indica una semana con alta probabilidad de violencia y zozobra para la ciudadanía.
Las autoridades enfatizan la necesidad de garantizar la seguridad y permitir el libre tránsito para que la población civil pueda acceder a servicios básicos, como educación y salud, aunque reconocen que la situación aún es compleja y requiere un esfuerzo significativo para controlar las minas antipersonales y proteger a los habitantes afectados. En suma, Colombia enfrenta un periodo de violencia intensa y desafío humanitario en medio de un proceso electoral y un contexto político incierto.
