La represión en Irán causó al menos 30.000 muertos en apenas dos días, según funcionarios de salud locales. Infobae./Con el voto en contra del régimen de Cuba, el Consejo de Derechos Humanos exige a Irán dejar de matar manifestantes. Diario de Cuba.

Oficiales del Ministerio de Salud iraní revelaron que la escala de la matanza el 8 y 9 de enero fue tal que agotó las bolsas para cadáveres y obligó a usar camiones de 18 ruedas para trasladar los cuerpos. La mortalidad en un período tan breve no tiene precedentes modernos

La magnitud de la violencia desatada durante las recientes protestas en Irán ha alcanzado niveles sin precedentes, con informes que sugieren que la cifra de muertos podría ser diez veces mayor a los datos oficiales admitidos por el gobierno.

Según un informe publicado por la revista TIME, que cita a dos funcionarios de alto rango del Ministerio de Salud de Irán, hasta 30.000 personas podrían haber muerto en enfrentamientos callejeros únicamente durante los días 8 y 9 de enero. De confirmarse, estas cifras representarían una de las represiones estatales más sangrientas de la historia moderna, superando drásticamente el recuento de 3.117 fallecidos anunciado el pasado 21 de enero por sectores de línea dura vinculados al Líder Supremo, Alí Khamenei.

Los funcionarios informaron a TIME que la escala de la matanza perpetrada por los servicios de seguridad iraníes ese jueves y viernes fue tal que “abrumó la capacidad del Estado para disponer de los muertos”. Según los testimonios recabados, las existencias de bolsas para cadáveres se agotaron rápidamente, lo que obligó a las autoridades a sustituir las ambulancias por semirremolques de 18 ruedas para el traslado de los cuerpos.

La brecha entre la narrativa pública del régimen y los datos internos del Ministerio de Salud es abismal. Mientras que el recuento informado por funcionarios del régimen se mantiene en poco más de 3.000 víctimas, grupos de derechos humanos han tenido dificultades para documentar la totalidad de la violencia debido al apagón informativo impuesto por el gobierno.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, informó que hasta el sábado había confirmado 5.459 muertes y se encontraba investigando otros 17.031 casos. Sin embargo, los datos filtrados desde el seno del propio Ministerio de Salud sugieren que incluso estas estimaciones externas podrían quedarse cortas.

El Dr. Amir Parasta, un cirujano ocular germano-iraní que ha recopilado datos de hospitales y socorristas, señaló que su recuento clandestino registraba 30.304 muertes hasta el viernes. Parasta advirtió que estas cifras no incluyen las muertes registradas en hospitales militares, cuyos cuerpos suelen ser trasladados directamente a las morgues sin pasar por registros civiles.

“Nos estamos acercando a la realidad”, afirmó el Dr. Parasta a la revista. “Pero supongo que las cifras reales son aún mucho más altas”.

La revelación de estas cifras coincide con relatos escalofriantes provenientes del personal médico que atendió la emergencia en la capital. Un cirujano de un hospital de Teherán describió cómo, tras el apagón informativo iniciado a las 8:00 p.m. del 8 de enero, los hospitales pasaron de atender heridas leves por perdigones a recibir cientos de pacientes con impactos de munición real de alto calibre, diseñados para atravesar el cuerpo. Los pacientes llegaban más rápido de lo que hospitales y clínicas podían tratarlos, contó.

Expertos en epidemiología de conflictos han expresado su asombro ante la rapidez y el volumen de las muertes reportadas en un periodo de solo 48 horas. Les Roberts, profesor de la Universidad de Columbia y especialista en mortalidad por violencia, señaló a TIME que la mayoría de los picos de mortalidad en zonas de guerra como Alepo o Faluya suelen involucrar explosivos.

En contraste, la represión en Irán se ha caracterizado por el uso de fuego directo contra multitudes. La única comparación histórica de tal magnitud de ejecuciones por disparos en un tiempo tan breve, según bases de datos consultadas, se remonta a la masacre de Babyn Yar en 1941, donde escuadrones nazis ejecutaron a 33.000 judíos en Ucrania.

El cambio hacia tácticas letales ocurrió durante el fin de semana del 8 de enero. Tras una semana de protestas que comenzaron el 28 de diciembre exigiendo alivio económico y el fin del régimen islámico, las autoridades endurecieron su respuesta. Según testigos y videos de teléfonos celulares que lograron burlar el bloqueo de internet, se desplegaron francotiradores en azoteas y camiones equipados con ametralladoras pesadas.

Un oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) advirtió en la televisión estatal el 9 de enero que cualquiera que se aventurara a las calles asumía el riesgo total: “si… una bala te golpea, no te quejes”.

A pesar del bloqueo de comunicaciones y el uso de tecnología satelital como Starlink para enviar información al exterior, las historias de las víctimas han comenzado a emerger.

En Isfahán, Sahba Rashtian, una joven artista de animación de 23 años, murió tras ser alcanzada por disparos el 9 de enero antes de que comenzaran los cánticos de protesta. Un amigo relató a TIME que Rashtian solía bromear sobre su nombre, diciendo: “Sahba significa vino, y yo estoy prohibida en la República Islámica”.

Durante su entierro, donde los ritos religiosos fueron prohibidos, su padre asistió vestido de blanco en señal de honor. “Felicitaciones”, dijo el hombre a los presentes. “Mi hija se convirtió en mártir en el camino a la libertad”.

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán ha reconocido que las protestas se extendieron por aproximadamente 4.000 ubicaciones en todo el país. La magnitud de la represión sugiere que el régimen percibe el levantamiento como una amenaza existencial similar a la Revolución de 1979 que lo llevó al poder.

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El organismo llama a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos contra manifestantes pacíficos.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el viernes 23 de enero una resolución que insta a las autoridades de Irán a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos contra manifestantes pacíficos tras la "violenta represión de las protestas pacíficas" iniciadas a finales de diciembre.

El texto, aprobado tras una sesión especial convocada por el Consejo para debatir los sucesos de diciembre y enero en Irán, "deplora profundamente" la situación de derechos humanos en el país, donde la represión de las manifestaciones "ha provocado la muerte de miles de personas, entre ellas niños, y un gran número de heridos", citó la agencia de noticias EFE.

La resolución fue aprobada con los votos a favor de 25 de los 47 miembros del Consejo, entre ellos Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Francia, Italia, Japón, México, Países Bajos, España y Reino Unido.

Cuba, China, India, Indonesia, Irak, Pakistán y Vietnam votaron en contra del documento, adoptado tras tres horas de debate en el Consejo, asamblea de la que Estados Unidos e Israel se retiraron el pasado año.

El texto también exhorta a la República Islámica a adoptar medidas para garantizar "que nadie sea condenado a muerte ni ejecutado por delitos que no alcancen el umbral de los más graves", ni por presuntos crímenes cometidos antes de los 18 años de edad.

Irán también debe asegurarse de que "todas las condenas y sentencias penales sean dictadas por tribunales competentes, independientes e imparciales", destacó el texto aprobado.

La resolución prorroga dos años más el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán, a la que se solicita una investigación urgente de los abusos cometidos durante las recientes protestas.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, señaló durante la sesión que la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos del régimen de Irán, donde la sangrienta represión de la última ola de protestas ha causado miles de muertos, "no puede lograrse con el uso de la fuerza militar, provenga ésta del interior o del exterior".

Türk aseguró que "la retórica agresiva y las amenazas son profundamente contraproducentes", y subrayó que es necesario reducir las tensiones en toda la región, reportó EFE.

También exhortó a las autoridades iraníes a "poner fin a su brutal represión, incluidos los juicios sumarios y las condenas desproporcionadas", y exigió la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente en las protestas de finales de diciembre y principios de enero.

También exigió el fin del apagón en internet y las telecomunicaciones, que impide a la población iraní comunicarse con otros fuera del país o informarse de lo que ocurre a su alrededor.

"Exhorto asimismo a las autoridades a iniciar reformas que incluyan medidas para reconstruir la confianza y reparar el contrato social, así como a comprometerse con el sistema internacional de derechos humanos", agregó Türk.

"La represión violenta del pueblo iraní no resuelve ninguno de los problemas del país", señaló el alto comisionado austriaco, advirtiendo que en lugar de ello "crea condiciones para nuevas violaciones de derechos humanos, inestabilidad y derramamiento de sangre".

Türk denunció que manifestantes pacíficos fueron asesinados en las calles y en zonas residenciales, incluyendo universidades y centros médicos de diferentes ciudades iraníes.

"Imágenes en video muestran cientos de cuerpos en morgues, con heridas mortales en la cabeza y el pecho", denunció en su intervención en la sesión especial, presidida por el embajador español ante la ONU en Ginebra, Marcos Gómez.

La relatora de la ONU para Irán, Mai Sato, también intervino para manifestar su preocupación por la "peligrosa retórica" del régimen de los ayatolás a la hora de calificar a manifestantes pacíficos como "terroristas", "alborotadores" o "mercenarios", algo con lo que "pretende justificar represiones brutales, ignorando el carácter interno y orgánico del levantamiento".

"El uso de fuerza excesiva y de la pena de muerte contra manifestantes pacíficos demuestra un claro desprecio por el derecho a la libertad de reunión y de expresión, así como por el derecho a la vida", aseguró.

En el turno de réplica, el embajador iraní ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, proclamó que su país rechazaba una reunión organizada "solo para ejercer presión contra Irán", patrocinada por "quienes nunca se han preocupado de los derechos humanos de los iraníes, de lo contrario no habrían impuesto inhumanas sanciones o apoyado la agresión israelí".

También defendió que protestas inicialmente pacíficas "del 8 al 10 de enero se transformaron deliberadamente en una violencia que incluyó atentados terroristas y acciones armadas contra el personal del orden público", causando más de 3.200 muertes.

Teherán utilizó toda clase de presiones para evitar la sesión del Consejo. El lunes pasado, la aprobación de la reunión, tras una solicitud de las delegaciones de Gran Bretaña, Alemania, Islandia, Moldavia y Macedonia del Norte, recibió el respaldo de 21, más de un tercio, de los 47 miembros del Consejo.

En total apoyaron la solicitud Bulgaria, Chile, Colombia, Corea del Sur, España, Francia, Italia, Japón y Suiza, entre otros, y más 30 países observadores, como Argentina, Australia, Canadá, Noruega, Polonia, Suecia y Ucrania.

En contra votaron, además de Cuba, China, Catar, Brasil, Pakistán, México, Egipto, Iraq, Sudáfrica, Burundi, Kuwait, Angola, Benín, Bolivia, Vietnam, Etiopía, India, hasta sumar 26. Cuba es miembro del Consejo.