Militarización social en Cuba entra en fase operativa, advierte informe de Cubalex. RTV Martí.

- Según la organización, esta fase incluye el incremento del control directo sobre la población y la expansión territorial de la represión, sin proclamación formal del estado de excepción.
- Cubalex alerta sobre despliegues policiales y militares en al menos 7 provincias de la isla, participación obligatoria de civiles en ejercicios de defensa, uso de discurso bélico contra el descontento interno y aplicación de medidas sin cumplir principios de necesidad y proporcionalidad.

Un informe publicado por la organización Cubalex documenta un proceso de militarización progresiva del espacio civil en Cuba durante marzo de 2026 y advierte sobre la consolidación de una "excepcionalidad de facto", caracterizada por la aplicación de medidas propias de un estado de excepción sin una proclamación formal conforme al derecho interno ni a los estándares internacionales.

El reporte, publicado a finales de abril y titulado "Militarización social y excepcionalidad de facto en Cuba. Evolución de las dinámicas represivas y control territorial", constituye el segundo informe especial de Cubalex sobre esta materia y da seguimiento al monitoreo iniciado tras la activación del Consejo de Defensa Nacional en enero de este año.

Según el documento, "en Cuba se configura una excepcionalidad de facto, caracterizada por la adopción de medidas propias de un estado de excepción (…) sin la proclamación formal exigida por el derecho interno y los estándares internacionales".

Cubalex sostiene que, durante marzo, se produjo una transición desde una fase inicial de militarización social, identificada en febrero, hacia una etapa operativa, marcada por la intensificación del control directo sobre la población y la expansión territorial de prácticas militarizadas.

El informe señala que estas dinámicas se desarrollan en un contexto de crisis económica y energética, incremento del descontento social y uso creciente de estructuras de seguridad para la gestión del orden interno.

"¿Puede la militarización de la vida civil convertirse en una herramienta para controlar el descontento social y las protestas?", cuestiona la organización.

De acuerdo con el monitoreo realizado por Cubalex, en marzo se documentaron 31 eventos relevantes vinculados a seguridad y defensa, lo que representa un aumento de más del 240% respecto al mes anterior. Del total, el 61% corresponde a incidentes de represión o control directo sobre la población, mientras que el 39% restante se relaciona con ejercicios militares, declaraciones oficiales y medidas de preparación.

Para la consultoría jurídica independiente, esta distribución indica que "la militarización no se limita a un plano discursivo o preventivo, sino que se materializa en prácticas concretas de intervención sobre el espacio civil".

El informe destaca una concentración significativa de estos eventos entre el 13 y el 15 de marzo, coincidiendo con protestas registradas en varias provincias, entre ellas Morón, en Ciego de Ávila, tras apagones prolongados.

En esos días se reportaron despliegues masivos de fuerzas policiales y militares en ciudades como La Habana, Santa Clara y Santiago de Cuba, con patrullajes intensivos, controles de identidad y presencia de unidades especiales en espacios públicos.

Desde una perspectiva territorial, Cubalex documenta eventos en al menos siete provincias, lo que refuerza la tesis de un despliegue de alcance nacional. El reporte identifica tres dimensiones interrelacionadas: movilización de estructuras civiles y militares, militarización del espacio público y represión directa de actividades civiles.

Entre los hallazgos más relevantes figura la participación activa de la población civil en estructuras de defensa y control. El informe documenta ejercicios territoriales como el "Día Nacional de la Defensa", que involucraron no solo a unidades militares y milicias, sino también a brigadas de producción y defensa, trabajadores y estudiantes.

En este último caso, Cubalex señala que la participación de universitarios fue reportada en ocasiones como obligatoria, "bajo amenaza de sanciones académicas".

El reporte describe además una presencia sostenida de patrullas policiales, tropas especiales y brigadas paramilitares en parques, calles y zonas residenciales, especialmente durante apagones. En La Habana, se denuncia la circulación recurrente de convoyes de fuerzas de seguridad con armas largas y controles de documentación, mientras que en ciudades como Santa Clara, Santiago de Cuba y Guantánamo se reportaron despliegues tras protestas o en contextos de crisis eléctrica.

El informe también analiza el uso de un discurso bélico por parte de autoridades y medios oficiales. Según Cubalex, durante marzo se intensificó el empleo de categorías como "guerra no convencional" y "enemigos de la Revolución", aplicadas no solo a amenazas externas, sino al descontento interno. Este lenguaje, advierte la organización, contribuye a la construcción del disenso como una amenaza a la seguridad nacional.

Desde el punto de vista jurídico, el análisis se apoya en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Observación General No. 29 del Comité de Derechos Humanos y los Principios de Siracusa. Cubalex concluye que no existe evidencia de una emergencia pública que amenace la vida de la nación en los términos exigidos por el derecho internacional, ni de una proclamación formal de estado de excepción en Cuba.

"El desajuste entre la forma y la práctica es jurídicamente relevante", señala el informe, al destacar que se aplican medidas funcionalmente equivalentes a las de un régimen excepcional sin activar las garantías formales que lo regulan.

La organización advierte además que las medidas observadas no cumplen con los principios de necesidad y proporcionalidad, al aplicarse de manera generalizada y sin delimitación temporal ni territorial.

Cubalex evalúa el nivel de riesgo como alto en tres dimensiones: derechos humanos, institucionalidad y expansión del control social. El informe alerta que estas prácticas afectan de forma significativa libertades como la reunión, la expresión y la circulación, y contribuyen a la erosión del Estado de derecho.

La organización concluye que el fenómeno observado constituye "una forma de excepcionalidad de facto", en la que la militarización social y el uso sostenido de mecanismos extraordinarios se integran en un modelo de gobernanza por emergencia. Según Cubalex, este modelo implica que la excepcionalidad deja de ser una respuesta transitoria a una crisis y se convierte en un mecanismo estructural de gobierno.

El reporte incluye recomendaciones dirigidas al Estado cubano, a organismos internacionales y a la sociedad civil, orientadas a frenar la consolidación de prácticas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y a fortalecer los mecanismos de monitoreo, rendición de cuentas y protección de derechos.