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Cambios en ley migratoria en Cuba buscan atraer inversión de la diáspora, alertan expertos. Por Ariane González. RTV Martí.

Cambios en ley migratoria en Cuba buscan atraer inversión de la diáspora, alertan expertos
Por Ariane González
6 de mayo de 2026

- El régimen cubano anunció un paquete de reformas migratorias y de ciudadanía que incluye nuevas leyes y decretos, eliminando el límite de 24 meses para conservar la residencia y creando categorías para inversionistas y negocios.
- Expertos señalan que la medida busca captar el capital de cubanos emigrados en medio de la crisis económica.


Las reformas migratorias y de ciudadanía anunciadas esta semana por el régimen cubano han generado fuertes críticas entre abogados y analistas independientes, quienes consideran que las nuevas disposiciones buscan atraer capital de la diáspora en medio de la crisis económica, mientras institucionalizan mecanismos de control político y restricciones a derechos fundamentales.

El paquete normativo, publicado este martes en la Gaceta Oficial, incluye una nueva Ley de Migración, una Ley de Extranjería, una Ley de Ciudadanía, además de decretos y reglamentos complementarios.

Entre los principales cambios figura la eliminación del límite de 24 meses de permanencia en el exterior para conservar la residencia cubana, una medida largamente reclamada por emigrados cubanos.

Las autoridades cubanas anunciaron además nuevas categorías migratorias vinculadas a inversión y negocios, dirigidas especialmente a cubanos residentes en el exterior interesados en participar económicamente en la isla.

Según el gobierno, las nuevas normas permitirán modernizar el sistema migratorio y fortalecer los vínculos con la emigración. Sin embargo, especialistas consultados por Martí Noticias consideran que las medidas responden principalmente a la necesidad urgente del régimen de captar divisas y garantizar nuevas fuentes de financiamiento.

El abogado y analista político Eloy Viera afirmó que el gobierno llevaba más de dos años retrasando la entrada en vigor de esta reforma migratoria, aprobada previamente por la Asamblea Nacional.

“Estas son personas que llevan dos años y medio suspendiendo y dilatando la implementación de una reforma migratoria que había sido aprobada desde hace más de dos años”, declaró Viera a Martí Noticias.

El jurista señaló que la prioridad real del régimen es crear un marco legal que facilite la inversión de la diáspora cubana en la isla.

“Lo que se está intentando hacer es poner en vigor desde este mismo minuto única y exclusivamente el segmento que más prioridad tiene para el régimen cubano ahora mismo de toda la reforma migratoria, que no es otra que ofrecerle un marco normativo a la inmigración para que pueda invertir en Cuba y eso pueda resultarles a ellos como un salvavidas económico”, afirmó.

Viera recordó que el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, había anunciado recientemente la intención del régimen de abrir espacios de inversión para la diáspora cubana, incluso en entrevistas concedidas a medios internacionales.

Según explicó, el gobierno aprobó simultáneamente un decreto especial para permitir la entrada inmediata en vigor de la categoría migratoria de “Inversores y de Negocios”, evitando así esperar los seis meses establecidos por la propia Ley de Migración.

“Y la respuesta para eso es que la propia ley migratoria dice que hay que esperar seis meses después de su publicación en la Gaceta para que entre en vigor y este decreto ley entra en vigor de forma inmediata”, explicó Viera.

Las nuevas normas establecen que quienes obtengan la categoría de inversionista podrán mantener derechos similares a los residentes en Cuba mientras permanezcan en el territorio nacional y conserven vigente ese estatus migratorio. El trámite contempla además el pago de impuestos y tarifas administrativas.

Otro de los cambios introducidos es la llamada “Residencia Efectiva Migratoria”, mediante la cual serán considerados residentes quienes permanezcan más de 180 días al año en Cuba o mantengan vínculos familiares, laborales, económicos o patrimoniales en la isla.

Un mecanismo de represión y control
Para el abogado de Cubalex Alain Espinosa, el nuevo paquete legal representa un grave retroceso en materia de derechos humanos.

“Lo que acaba de hacer el gobierno es institucionalizar la violación de derechos humanos fundamentales, legalizar el destierro político y convertir a su diáspora en ciudadanos de segunda clase”, declaró Espinosa a Martí Noticias.

El jurista advirtió que las reformas otorgan amplias facultades discrecionales a las autoridades migratorias para impedir la entrada o salida del país utilizando conceptos ambiguos como “orden público”, “interés público” o “seguridad nacional”, sin definir claramente sus límites.

“Aún más alarmante es que la nueva ley de ciudadanía permite despojar de su nacionalidad a los ciudadanos que desde el exterior realicen actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales del país”, afirmó Espinosa.

Según el abogado, estas disposiciones podrían utilizarse contra periodistas independientes, activistas, opositores y defensores de derechos humanos que denuncien al régimen desde el exterior.

“Esta es una herramienta legal para silenciar directamente a todos los activistas, periodistas independientes, defensores de derechos humanos”, advirtió.

Espinosa alertó además que algunas disposiciones podrían derivar en situaciones de apatridia y constituir nuevas formas de represión transnacional por motivos ideológicos.

También cuestionó la creación de la “Residencia Efectiva Migratoria”, al considerar que condiciona el ejercicio de derechos constitucionales para quienes emigran.

“Si emigras de Cuba, el Estado te convierte en una suerte de ciudadano de segunda clase y condiciona todos tus derechos básicos a sus intereses”, sostuvo.

Otro de los puntos más criticados por Cubalex es la legalización de restricciones de salida del país bajo argumentos de “defensa” y “seguridad nacional”, lo que formaliza la figura conocida popularmente como “regulado”.

“Esto permite al Estado retener a quien quiera y convertir al país en una prisión de facto”, afirmó Espinosa.

Las reformas migratorias llegan en medio de una de las peores crisis económicas en décadas en Cuba, marcada por escasez de alimentos, apagones, inflación, caída del turismo y una migración masiva sin precedentes.

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