La ONU señala al régimen racismo estructural, represión y falta de garantías legales en Cuba. Diario de Cuba.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial urge reformas profundas, denuncia abusos policiales y exige protección para activistas afrodescendientes.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU concluyó que en Cuba persisten el racismo estructural, la represión contra activistas y graves déficits institucionales, en línea con las denuncias presentadas semanas antes por organizaciones independientes.

En sus observaciones finales tras examinar al Estado cubano, el Comité afirmó que la población afrodescendiente "continúa siendo víctima de racismo y discriminación estructural", una situación que atribuye al legado histórico de la esclavitud y que se refleja en "persistentes niveles de pobreza, vulnerabilidad y marginación", así como en su "sobrerrepresentación en la población penitenciaria".

El señalamiento coincide con informes alternativos entregados al propio órgano de la ONU, que documentaron cómo los afrodescendientes representan una proporción desmedida entre los presos cubanos y son blanco frecuente de abusos policiales, reforzando el diagnóstico ahora validado por el CERD.

Falta de datos, opacidad y ausencia de políticas efectivas

Entre las principales críticas, el Comité cuestionó la falta de estadísticas fiables y actualizadas sobre la situación racial en la Isla. "Lamenta que (las estadísticas) no sean lo suficientemente completas para evaluar las condiciones de vida", indicó, al tiempo que subrayó que en Cuba no se realiza un censo oficial desde 2012.

En consecuencia, instó al régimen a "generar y publicar estadísticas e indicadores de derechos humanos" desglosados por origen étnico, género y otros factores, para contar con una base real que permita diseñar políticas públicas efectivas.

El CERD también puso en duda el impacto del Programa Nacional contra el Racismo, creado en 2019, al señalar la "falta de información sobre el nivel de implementación y los resultados e impacto del mismo tras seis años de su adopción".

En ese sentido, recomendó establecer mecanismos de evaluación, asignar recursos suficientes y garantizar la participación "amplia e inclusiva" de la sociedad civil, incluidas organizaciones independientes, en el diseño y seguimiento de estas políticas.

Vacíos legales y falta de garantías institucionales

El Comité fue explícito al advertir que el marco jurídico cubano sigue siendo insuficiente. Señaló que no existe una legislación integral que defina adecuadamente la discriminación racial ni contemple sus formas "directas e indirectas, múltiples e interseccionales".

Por ello, instó al Estado a aprobar una ley específica contra la discriminación y a revisar su Código Penal para incluir todos los supuestos contemplados en la Convención internacional.

Asimismo, reclamó la creación de una institución nacional de derechos humanos independiente, conforme a los Principios de París, una deuda histórica del sistema cubano que, según el Comité, limita la protección efectiva frente a abusos.

Represión, perfilamiento racial y uso excesivo de la fuerza

Uno de los apartados más críticos del informe aborda la actuación de las fuerzas de seguridad. El CERD expresó preocupación por "alegaciones de uso excesivo de la fuerza" y "detenciones arbitrarias" contra afrodescendientes, especialmente aquellos que participan en manifestaciones pacíficas.

También alertó sobre prácticas de "perfiles raciales" en zonas turísticas y la falta de investigaciones efectivas sobre estos hechos. Ante ello, exigió que se garanticen investigaciones independientes, sanciones a los responsables y reparaciones a las víctimas.

Estas conclusiones refuerzan las denuncias previas de activistas cubanos, que han documentado violencia policial, muertes bajo custodia y represalias contra quienes intentan visibilizar abusos.

Criminalización de activistas y cierre del espacio cívico

El Comité fue especialmente contundente respecto a la situación de los defensores de derechos humanos. Señaló su "profunda preocupación" por denuncias de "acoso, hostigamiento, intimidación, amenazas, vigilancia, detenciones arbitrarias y criminalización" contra activistas, periodistas y artistas, en particular aquellos que luchan contra la discriminación racial.

Además, cuestionó las restricciones para salir del país y participar en foros internacionales, así como las trabas para registrar organizaciones independientes.

En este sentido, el CERD instó al Estado cubano a garantizar un "espacio cívico abierto y propicio", proteger a los defensores y evitar el uso del derecho penal como herramienta de represión.

Recomendaciones clave: reformas estructurales pendientes

Entre sus principales recomendaciones, el Comité pidió al Gobierno de Cuba, "adoptar medidas de acción afirmativa para reducir la desigualdad racial; investigar la sobrerrepresentación de afrodescendientes en las cárceles; combatir el discurso de odio racial y facilitar su denuncia; garantizar el derecho a la protesta pacífica".

También recomendó "derogar normas que criminalizan la migración irregular" y "ratificar tratados internacionales pendientes, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos".

El CERD también subrayó la necesidad de abordar las "barreras estructurales" que afectan especialmente a las mujeres afrodescendientes, quienes enfrentan mayores dificultades de acceso al empleo, la representación política y sufren de forma desproporcionada la violencia de género.

Un diagnóstico que confirma las denuncias independientes

Las conclusiones del Comité llegan tras el examen de Cuba en abril y confirman, en gran medida, las denuncias presentadas por organizaciones independientes, que han señalado la persistencia de un sistema de exclusión racial vinculado al control político.

Lejos de la narrativa oficial sobre la igualdad alcanzada tras la revolución, el informe del CERD evidencia que el racismo en Cuba sigue siendo un problema estructural, agravado por la falta de transparencia, la ausencia de mecanismos de control independientes y la represión de quienes intentan denunciarlo.