MARITZA PAREDES PERA: LA FISCAL JEFA DE SANTIAGO DE CUBA BAJO CUYA DIRECCIÓN SE PROCESÓ A DECENAS DE MANIFESTANTES DEL 11J. Por Yosmany Mayeta Labrada en Facebook.

Su nombre es Maritza Paredes Pera, fiscal jefa provincial de Santiago de Cuba, cargo que todavía ocupa, y una de las funcionarias que ocupaban puestos de máxima responsabilidad dentro del sistema judicial cubano cuando, el 11 de julio de 2021, cientos de santiagueros salieron a las calles para exigir libertad, derechos y mejores condiciones de vida. Aquellas manifestaciones, que marcaron un antes y un después en la historia reciente de Cuba, fueron seguidas por detenciones, acusaciones penales y severas condenas de prisión.

Mientras numerosos jóvenes eran detenidos y sus familias comenzaban una larga batalla por su libertad, la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba, dirigida por Paredes Pera, desempeñó un papel fundamental en los procedimientos judiciales. La responsabilidad institucional de su máxima dirigente no puede quedar al margen del escrutinio público, especialmente cuando organizaciones internacionales han denunciado graves violaciones de derechos humanos y garantías procesales durante la respuesta del Estado cubano a las protestas.

Uno de los casos más conocidos es el de Sadiel Cintra de la Cruz, residente permanente en Estados Unidos que se encontraba de visita en Santiago de Cuba cuando ocurrieron las manifestaciones. Fue detenido y condenado inicialmente a 12 años de prisión, sanción posteriormente reducida a 10 años durante la apelación de junio de 2022. Su historia alcanzó repercusión internacional y dejó a una familia enfrentando las consecuencias de una condena que organizaciones y activistas de derechos humanos han cuestionado.

Pero Sadiel no fue el único. En la causa penal 448 de 2021, relacionada con las protestas de El Caney, fueron condenados inicialmente Enrique Ferrer Hechavarría, a 12 años; Iván Mauricio Arocha Arocha e Iván Arocha Quiala, a 10 años cada uno; Eduardo Reynaldo Machado Arocha, a 9 años; Dayron Yunior Labrada Linares, a 7 años; Abdiel Cedeño Martínez, a 6 años; y Yusnaira González Pérez, a 5 años. Otro procesado, Luis Ibarra Hernández, recibió una multa de 4.000 pesos cubanos. Solamente las siete penas de prisión sumaron 59 años, de acuerdo con las sanciones inicialmente reportadas.

La dimensión de los procesos fue todavía mayor. Documentos de la propia Fiscalía Provincial también identificaron entre los ciudadanos sometidos a prisión provisional a Leandro Osiris Aroche Calzado, René Ferrer Reyes, Omar Odín Planos Cordoví, Israel Destrade Viola, Geovanis Couse Ricardo, Michel Agüero Caumé y Wilmer Sánchez Mojena. A estos nombres se suma el de Reyna Mireya Carvajal Barrera, condenada a cuatro años y seis meses de prisión, según la documentación recopilada por Prisoners Defenders. Cada expediente representa una historia que merece ser investigada, sin confundir las medidas de prisión provisional con las condenas definitivas.

La actuación del sistema judicial cubano después del 11J fue objeto de cuestionamientos internacionales. Human Rights Watch documentó irregularidades en las detenciones y los juicios, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por las severas sanciones impuestas a participantes en las protestas. Estas denuncias obligan a examinar no solamente las decisiones de los tribunales, sino también las acusaciones formuladas por los fiscales y las responsabilidades de quienes dirigían esas instituciones.

Maritza Paredes Pera era la máxima responsable de la Fiscalía Provincial durante aquellos acontecimientos, y lo sigue siendo hoy. Desde nuestra página consideramos que debe responder por la actuación institucional de la entidad que dirige y explicar cómo se supervisaron las acusaciones contra los manifestantes. La Fiscalía tuvo un papel activo en los procesos penales, aunque las condenas fueron dictadas por los tribunales. Esa distinción no elimina la necesidad de esclarecer las responsabilidades de dirección.

También corresponde investigar hasta qué punto las decisiones fiscales estuvieron condicionadas por instrucciones del poder político o por la intervención del aparato de control. La subordinación política de las instituciones cubanas ha sido objeto de críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, pero establecer que Paredes Pera recibió o ejecutó órdenes específicas en estos casos exige pruebas documentales o testimoniales que hasta ahora no se han hecho públicas.

¿Quiénes solicitaron aquellas condenas? ¿Qué fiscales firmaron las acusaciones? ¿Qué participación tuvo la jefatura provincial en su revisión y aprobación? ¿Existieron orientaciones políticas para castigar a los manifestantes con penas ejemplarizantes? Son interrogantes que deben ser respondidas mediante una investigación independiente, con acceso a los expedientes judiciales y a los funcionarios involucrados.

Cinco años después del 11J, los nombres de Sadiel Cintra de la Cruz, Enrique Ferrer Hechavarría y tantos otros santiagueros siguen recordándonos que aquellas protestas no terminaron cuando las calles quedaron vacías. Sus consecuencias continuaron en las estaciones policiales, los tribunales, las prisiones y los hogares de familias que vieron truncada su tranquilidad.

La responsabilidad por las condenas del 11J no puede examinarse únicamente desde quienes firmaron las sentencias. También debe investigarse a quienes formularon las acusaciones y dirigieron las instituciones que las impulsaron. Maritza Paredes Pera, por el cargo que ocupaba entonces y que todavía ocupa, forma parte de ese necesario ejercicio de rendición de cuentas.

Porque la historia del 11 de julio de 2021 no puede escribirse solamente con los nombres de quienes fueron encarcelados. También debe dejar constancia de los funcionarios que tuvieron responsabilidades en los procesos judiciales.