¿Más garantías bajo el apartheid que en los tribunales cubanos? Por Luis Cino. Cubanet.

Una novela de Nadine Gordimer sobre el apartheid lleva a Luis Cino a cuestionar las garantías de los opositores cubanos ante una justicia subordinada al poder político.

LA HABANA.- El régimen del apartheid fue abominable. Pero la lectura de “La historia de mi hijo”, de la escritora sudafricana Nadine Gordimer, deja una pregunta incómoda para quienes vivimos en Cuba: ¿qué posibilidades tendría aquí un opositor de desmontar ante un tribunal una acusación fabricada por la policía política?

Gordimer, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1991, conoció de cerca las atrocidades de aquel sistema. Las denunció en sus libros y las enfrentó como militante del Congreso Nacional Africano (ANC). Su novela permite asomarse a una sociedad atravesada por la discriminación racial y la violencia, donde la vida privada tampoco podía ponerse a salvo de la política.

Sonny, uno de sus personajes, es un activista contra el apartheid que mantiene una relación extramatrimonial con una mujer blanca vinculada a una organización de derechos humanos. Su esposa, Aila, parece mantenerse al margen de la lucha política. Pero la hija del matrimonio, Baby, se exilia en Lusaka y se incorpora al Umkhonto we Sizwe, el brazo armado del ANC. A través de ella, Aila termina involucrándose también.

La policía encuentra explosivos durante un registro en la vivienda y la encarcela. Sin embargo, los agentes pretenden atribuirle un arsenal mayor del que había allí. Will, el hijo menor, estuvo presente durante el registro y puede contradecir la versión policial.

El abogado entiende que ese testimonio puede hacer caer la acusación. Si consigue demostrar que los agentes introdujeron armas para agravar el caso, la credibilidad de las demás pruebas quedaría comprometida. Así se lo explica a Sonny: “Si la policía ha mentido en la acusación más grave, ¿cómo puede sostenerse el caso? El juez tendrá que sobreseerlo todo.”

Ahí está el centro de la escena: la palabra de la policía puede ser cuestionada, el defensor tiene un argumento que hacer valer y la actuación de los agentes puede volverse en contra de la acusación.

Traslademos esa situación a Cuba. Pensemos en alguien señalado como enemigo del régimen a quien le encuentren armas en su casa, o a quien intenten incriminar colocándolas allí. ¿Hasta dónde podría llegar su abogado? ¿Qué posibilidades tendría un familiar de conseguir que su testimonio pesara más que el de los agentes?

Para un acusado por motivos políticos, la dificultad comienza mucho antes de la sentencia. Tiene que defenderse dentro de una estructura que lo trata como adversario. Si la Seguridad del Estado ha decidido convertirlo en un caso ejemplar, la discusión sobre las pruebas queda atrapada en una decisión política que condiciona el proceso.

El problema va más allá de la dureza de las penas. Está en la posibilidad real de contradecir al acusador, denunciar una irregularidad y conseguir que alguien la examine con independencia. ¿De qué sirve reconocer derechos si el detenido depende de la voluntad de quienes lo interrogan para poder ejercerlos?

La presunción de inocencia pierde su sentido cuando el acusado debe empezar por demostrar que no es el enemigo que sus interrogadores describen. Y la defensa se vuelve una carrera de obstáculos cuando reclamar una garantía se interpreta como otro desafío a la autoridad.

La maquinaria penal también alcanza a quienes se limitan a expresar su inconformidad. Una publicación en redes sociales, una denuncia o un mensaje escrito en un muro pueden terminar convertidos en un expediente contra su autor.

Los jóvenes de El4tico, Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente, ilustran esa persecución de la palabra y de la imagen. En el caso de las dos mujeres, grabar y divulgar el video de un agente que les entregaba una citación bastó para que acabaran procesadas. El funcionario actuaba en ejercicio de sus funciones, pero fueron ellas quienes tuvieron que responder ante un tribunal.

Para los periodistas independientes, esa inseguridad forma parte del trabajo cotidiano. La situación de Henry Constantín, preso en Kilo 7, y la condena de seis años impuesta a José Gabriel Barrenechea por participar en una protesta contra los apagones muestran hasta dónde puede llegar el castigo. A Barrenechea ni siquiera le permitieron despedirse de su madre cuando agonizaba.

La historia de la represión judicial cubana permite reconocer una continuidad: el efecto de una condena se extiende a quienes permanecen fuera de la cárcel. Ocurrió con los tribunales revolucionarios de 1959 y con los procesos contra los 75 opositores y periodistas independientes en 2003. Ese mismo año, la ejecución de los tres jóvenes que intentaron escapar en la lanchita de Regla sirvió de advertencia para quienes pensaran seguir ese camino. Las largas penas impuestas tras las protestas del 11 de julio de 2021 volvieron a llevar ese mensaje a las familias y los barrios.

Cada proceso tiene sus particularidades, pero el temor que dejan rebasa al acusado: llega al vecino que pensaba protestar, al familiar que quería denunciar y al periodista que todavía intenta contar lo ocurrido.

Vuelvo al abogado de la novela de Gordimer. Su argumento descansa en una exigencia elemental: si la policía falseó una prueba, el tribunal debe examinar las consecuencias de esa mentira. Para muchos cubanos perseguidos por razones políticas, conseguir siquiera que esa discusión tenga lugar sería ya una diferencia enorme.

La justicia empieza a desaparecer cuando la conveniencia del poder decide qué pruebas merecen crédito y qué personas merecen ser escuchadas. Después pueden quedar el expediente, las togas y la lectura de la sentencia. Pero al acusado le habrán quitado lo esencial: una oportunidad verdadera de defenderse.