El expiloto cubano implicado en el derribo de aviones de Hermanos al Rescate será juzgado en EEUU, imputado por fraude migratorio.Diario de Cuba./Video J M Cao: con Eliecer Ávila.

El caso sentaría un precedente para numerosos exfuncionarios de La Habana acusados de delitos cuando ejercían y que hoy viven en el país del norte.

El expiloto cubano Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, quien participó en el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, y reside en Estados Unidos, adonde emigró, fue imputado por un tribunal de ese país por fraude migratorio.

Según una nota de la Unidad de Asuntos Públicos de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Florida, los fiscales federales Gregory W. Kehoe y Jason A. Reding Quiñones anunciaron "la apertura de una acusación formal que acusa a Luis Raúl González-Pardo Rodríguez (64 años, Cuba) de fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos, y de hacer una declaración falsa a una agencia federal".

De acuerdo con la entidad federal, de ser hallado culpable de todos los cargos, el exmilitar del régimen de Cuba "enfrenta una pena máxima de 15 años en una prisión federal", lo cual sentaría un precedente para numerosos exfuncionarios de La Habana acusados de delitos cuando ejercían funciones y que hoy viven en el país del norte.

"El pasado de este hombre como piloto militar de larga data para el malvado régimen de Castro, que ha causado un sufrimiento incalculable al pueblo cubano, debería haber estado al frente y al centro de su expediente de inmigración", dijo la fiscal general Pamela Bondi, citada por la declaración.

"Este Departamento de Justicia procesará enérgicamente a cualquiera que mienta sobre su pasado para aprovecharse del sistema de inmigración de Estados Unidos", enfatizó.

Según la acusación, el 20 de abril de 2025, o alrededor de esa fecha, González-Pardo Rodríguez presentó o hizo que se presentara al Departamento de Seguridad Nacional, Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU, un formulario I-485 (Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus) que contenía declaraciones falsas.

Estas se referían a "su membresía anterior en la Fuerza Aérea y de Defensa Aérea Revolucionaria Cubana de 1980 a 2009", señala la nota.

Añade la la Oficina del Fiscal de Florida que la acusación formal contra González-Pardo Rodríguez alega que este declaró falsamente que "nunca había recibido armas o entrenamiento militar, nunca participó en ningún grupo de ningún tipo que usara armas o amenazara con usar armas, y nunca sirvió en una unidad militar o policial, cuando en realidad recibió dicho entrenamiento y sirvió en el Ejército cubano como parte de la Fuerza de Defensa Aérea. La acusación incluía una fotografía que mostraba a González-Pardo Rodríguez en la Fuerza de Defensa Aérea".

Finaliza la Oficina del Fiscal señalando que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Miami "está investigando el caso, con la ayuda de la Oficina de Campo del FBI en Jacksonville, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, las Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y la Oficina de Campo del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado de los Estados Unidos en Miami".

Además, otros dos distritos de Florida son socios en la investigación.

González-Pardo Rodríguez, quien se encuentra detenido en EEUU, será procesado por la fiscal federal adjunta Kelly S. Milliron para el Distrito Medio de Florida, mientras que la fiscal federal adjunta Abbie D. Waxman hará lo propio para el Distrito Sur de Florida.

Luego de que la presencia del exmilitar cubano fuera revelada, en septiembre de 2024 el laboratorio de ideas Cuba Siglo 21 señaló que "la comunidad internacional no reconoce la llamada 'obediencia debida' a mandos superiores como justificación para cometer asesinatos a mansalva, premeditados y con alevosía".

"Esos fueron los actos cometidos en 1994 contra familias cubanas desarmadas que intentaban migrar a bordo del remolcador 13 de Marzo y el ejecutado en 1996 contra civiles que volaban sobre aguas internacionales a bordo de avionetas desarmadas", añadió la organización.

Para el laboratorio de ideas, tanto el remolcador como las avionetas de Hermanos al Rescate fueron emboscados con premeditación y alevosía a partir de información de inteligencia previamente suministrada al Gobierno cubano por sus agentes e informantes.

"No fueron acciones de guerra, sino homicidios planificados. Ambos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad que no caducan", enfatizó.

"Nadie que haya participado en la ejecución de esos crímenes puede alegar inocencia enarbolando la manida frase de 'cumplía órdenes'. Todos los que iban a bordo de las naves que embistieron al remolcador y los que tripulaban la escuadrilla de MIG que despegó de San Antonio, salieron ese día dispuestos a matar", añadió la declaración.

En opinión de Cuba Siglo 21, "la grabación de las comunicaciones del piloto del MIG (codificado con el número 22) informando que tenía a tiro la tercera avioneta e insistiendo en que le dieran instrucciones para proceder a su derribo, no deja duda de las intenciones en aquella mañana del migrante que ahora vive apaciblemente en Jacksonville, Florida", en referencia a González-Pardo Rodríguez.

"Desde el punto de vista de Cuba Siglo 21 esto rebasa el tema migratorio. El asunto no es si se deporta o no a ese piloto por no haber dado toda la información en su entrevista de solicitud de parole. Él fue parte del grupo que despegó para ejecutar el asesinato de los tripulantes y pasajeros de aquellas avionetas: tres de ellos ciudadanos estadounidenses y el otro residente en Estados Unidos. Como mínimo, debe ser interrogado sobre aquellos hechos", señaló.

El laboratorio de ideas consideró que "la Fiscalía de la Florida —más que Inmigración— debe entonces decidir si procede o no de algún modo contra él por haber participado en el grupo de pilotos a quienes se les encomendó que realizaran el asesinato premeditado de esos ciudadanos, en violación de los códigos internacionales de la aviación civil".

"No se trata de intolerancia, venganza o rencor. Ni siquiera de 'ajustar cuentas' a ese piloto. Lo que en realidad urge llevar a juicio en este caso es el concepto mismo de 'obediencia debida' a órdenes criminales que casi sin excepción enarbolan los violadores de derechos humanos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros regímenes similares. Llevar a la justicia a los perpetradores de hechos tan repugnantes como estos constituye una acción disuasiva para contribuir a que no se cometan otros. Particularmente ahora que esos regímenes amenazan con realizar nuevas acciones criminales dentro de sus países e incluso más allá de sus fronteras", declaró Cuba Siglo 21.

En el derribo de las avionetas de la organización de ayuda humanitaria con sede en Miami fallecieron cuatro pilotos: Carlos Costa, de 29 años; Mario Manuel de la Peña, de 24; Armando Alejandre Jr., de 45, y Pablo Morales, de 29, mientras que una tercera avioneta logró escapar de la persecución aérea que se extendió por más de una hora.

González-Pardo Rodríguez negó en 2024 en una breve comunicación con Martí Noticias "la mayoría" de "las cosas que se han dicho" sobre él, pero añadió que todavía no había decidido explicar ante la opinión pública los hechos debido a "algunas situaciones que pueden verse afectadas".

La esposa de González-Pardo Rodríguez estaba entonces esperando un visado para emigrar a EEUU, como parte de la política migratoria aplicada por la Administración de Joe Biden y derogada por Donald Trump.

Tras el ataque contra las avionetas de Hermanos al Rescate, el régimen dijo que las aeronaves habían entrado en espacio aéreo de la Isla, pero una investigación de la Organización de la Aviación Civil Internacional determinó que fueron derribadas en aguas internacionales. Unas semanas después del hecho, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, firmó la llamada Ley Helms-Burton, que codificó el embargo comercial y financiero al régimen castrista, en represalia por el ataque.

Martí Noticias recordó que en 1998, dos años después de los hechos, los servicios de inteligencia de EEUU descubrieron la llamada Red Avispa y arrestaron a cinco espías cubanos. El jefe de la banda, Gerardo Hernández, fue condenado por conspirar para el asesinato de los Hermanos al Rescate.

Rubén Martínez Puente, el general que dio la orden para derribar las avionetas, y Luis Francisco Pérez Pérez, con una orden de captura y proceso judicial en EEUU, fallecieron sin ser juzgados.

González-Pardo Rodríguez está además incluido en la lista de Represores Cubanos, proyecto auspiciado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC, por sus siglas en inglés), como represor violento y por conspiración para asesinar, así como por el crimen de lesa humanidad de ejecutar persecución por motivos políticos.