El régimen cubano intenta bloquear una declaración de los académicos de LASA contra la represión. 14ymedio.

Unos correos filtrados reflejan la pugna dentro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, donde el oficialismo sigue contando con aliados

Una filtración atribuida a miembros de la Sección Cuba de LASA –la Asociación de Estudios Latinoamericanos– ha sacado a la luz una disputa que hasta ahora se movía entre profesores, investigadores y viejos operadores del relato oficial cubano: ¿puede un espacio académico hablar de la represión en Cuba con la misma naturalidad con que habla de las sanciones de Estados Unidos?

El documento que encendió la polémica está fechado el 16 de abril de 2026. Es una propuesta de declaración de la Sección Cuba de LASA sobre la situación de derechos humanos en la Isla. Su texto no pide una intervención extranjera, no solicita nuevas sanciones y ni siquiera usa la palabra “condena”. Pero sí hace algo que incomoda al poder cubano y a sus defensores: pide diálogo nacional, exige el fin de la censura intelectual y la represión policial, y se solidariza con los reclamos de amnistía para los presos políticos y de conciencia.

La frase más fuerte del texto es también la que mejor explica el escándalo: “La convivencia democrática no habilita la connivencia con el autoritarismo”. Hablar de soberanía no puede servir para tapar golpes, juicios fabricados, vigilancia, destierro, censura y prisión.

La propuesta, presentada por el abogado y académico cubano Raudiel Peña Barrios, insta al Gobierno de la Isla a aceptar “un diálogo nacional, abierto e imprescindible” con los ciudadanos que disienten de las agendas económicas, políticas y sociales oficiales. También demanda eliminar las prácticas de censura, represión policial y persecución política contra quienes alzan pacíficamente su voz, “incluidos miembros integrantes de esta Sección y de la Asociación”.

La respuesta de los sectores más cercanos a la narrativa de La Habana no tardó en llegar. Según la filtración, el sociólogo Aurelio Alonso Tejada envió una carta al economista Mauricio de Miranda, co-director de la Sección Cuba, para rechazar la propuesta. Alonso calificó el texto como una declaración condenatoria sobre “presuntas violaciones de derechos humanos” en Cuba. Pero el documento original lo contradice, ya que no hay condena formal, sino exhortaciones. Tampoco hay un llamado a castigar a Cuba, sino a abrir un diálogo nacional y a terminar la persecución política.

Aurelio Alonso es una figura histórica del pensamiento marxista cubano, fundador del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana, integrante del consejo de dirección de la revista Pensamiento Crítico, investigador en instituciones cubanas y latinoamericanas, subdirector de la revista Casa de las Américas y Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas. Su intervención habla desde el viejo campo intelectual revolucionario, ese que durante décadas ha sabido criticar algunos excesos del sistema sin romper del todo con su arquitectura de poder.

El argumento de Alonso tampoco es nuevo. En esencia, vuelve a colocar el bloqueo o embargo estadounidense como justificación para no hablar de las violaciones internas. Mientras exista la hostilidad de Washington, sugiere, no sería procedente una declaración sobre derechos humanos en Cuba. Es el mismo razonamiento que el poder cubano ha utilizado durante más de sesenta años.

La Sección Cuba de LASA ya había aprobado otra declaración política, solo que dirigida contra Estados Unidos. Ese texto cuestionó una orden ejecutiva que calificaba a Cuba como una amenaza “inusual y extraordinaria” para su seguridad nacional. La declaración sostuvo que la medida era cuestionable desde los puntos de vista factual, legal y ético, y alertó sobre las consecuencias humanitarias de las sanciones secundarias contra la población cubana.

Esa declaración fue aprobada por 86 votos de 356 miembros elegibles de la Sección Cuba. También incluyó la fórmula reglamentaria que aclara que no se trata de una posición oficial de LASA, asociación que “ni apoya ni rechaza” lo expresado por la sección.

Ahí está el centro de la polémica: cuando la crítica apunta a Washington, el mecanismo funciona; cuando apunta a La Habana, aparecen las alarmas, las cartas, las presiones y los llamados a preservar el “clima de respeto”.

Mauricio de Miranda respondió, según los correos filtrados, desde una posición institucional. El Comité Ejecutivo no estaba imponiendo una declaración, sino circulando una propuesta para que la membresía decidiera. Es decir, exactamente el mismo procedimiento usado con la declaración contra la orden ejecutiva estadounidense. La diferencia no estaba en el método, sino en el contenido político.

La intervención más difícil de esquivar vino de Alina Bárbara López Hernández, la otra co-directora de la Sección Cuba. Historiadora, ensayista y profesora matancera, López Hernández no habla de represión como una categoría abstracta. Ella misma ha sido condenada por “desobediencia”, sometida a restricciones de movimiento, impedida de viajar y hostigada por la Seguridad del Estado. LASA ya había expresado su rechazo a la represión política contra ella y contra la antropóloga Jenny Pantoja Torres, otro caso de persecución contra una intelectual cubana.

Su respuesta deja al descubierto que el oficialismo académico ya no puede presentar todas las denuncias como una campaña de Miami, ni como propaganda de la derecha, ni como fabricación de Washington. Los testimonios salen de Matanzas, de La Habana, de universidades, revistas, centros de investigación y redes intelectuales dentro de la Isla. La represión tiene nombres, fechas, expedientes y víctimas dentro del propio gremio.

Carlos Alzugaray Treto, diplomático retirado y académico cubano, salió en apoyo de Alonso. Tampoco sorprende. Alzugaray ha sido durante años una voz cercana al régimen y uno de sus agentes de opinión, con una trayectoria de servicio exterior y defensa de los marcos tradicionales de relación entre Cuba y Estados Unidos. Su argumento, según la filtración, vuelve a la misma matriz: en tiempos de agresividad estadounidense, la Sección Cuba debe mantener una actitud de defensa frente a Washington.

Del otro lado, la historiadora Ivette García González respondió que las décadas de silencios, críticas privadas y apoyos públicos no han servido para que el Gobierno rectifique. Al contrario, han terminado dando cobertura a la represión y al desastre nacional.

La polémica llega en un momento en que el Gobierno cubano necesita preservar sus zonas de legitimidad internacional. La economía se hunde, la emigración vacía el país, los presos políticos siguen en las cárceles y la censura alcanza a artistas, periodistas, profesores y activistas. En ese contexto, los espacios académicos extranjeros importan más que nunca.

La inteligencia cubana ha entendido históricamente ese valor. Informes de contrainteligencia estadounidense han señalado que La Habana ha visto el mundo académico como un terreno útil para influir, identificar contactos, reclutar simpatías y orientar percepciones sobre la política hacia Cuba. Eso no significa que cada académico favorable al Gobierno cubano sea un agente de inteligencia. Significa que el régimen sabe que las ideas, los congresos, las revistas y las asociaciones también son campos de batalla, y no ha perdido nunca la oportunidad de incidir.

La filtración no revela solo una pelea de profesores, sino el momento en que un viejo dispositivo empieza a fallar. Durante años, el castrismo logró que muchos espacios internacionales hablaran de Cuba casi exclusivamente en clave de embargo, soberanía y agresión estadounidense. Pero ahora se le cuelan otras palabras: presos políticos, represión policial, censura intelectual, amnistía, diálogo nacional.

La propuesta de declaración no niega el diferendo con Estados Unidos. Al contrario, afirma que defiende la soberanía nacional cubana y reclama una solución pacífica a ese conflicto. Lo que hace es impedir que esa soberanía sea usada como mordaza contra los ciudadanos.