El régimen suma 13 nuevos presos políticos en agosto y eleva el total a 1.185, según Prisoners Defenders. Diario de Cuba.
El régimen suma 13 nuevos presos políticos en agosto y eleva el total a 1.185, según Prisoners Defenders
12 de septiembre de 2025
Reclusos en la prisión de Combinado del Este, en La Habana. Reuters
La ONG denuncia un patrón de represión creciente con detenciones arbitrarias, condenas severas y graves problemas de salud en las cárceles.
El régimen de Cuba mantiene, a día de hoy, a 1.185 presos políticos en sus cárceles. Según la ONG Prisoners Defenders, en agosto ingresaron 13 nuevas personas por motivos políticos en prisión, mientras que otras cuatro salieron de la lista: tres por cumplir íntegramente su condena y una, la activista Aymara Nieto Muñoz, por un destierro forzoso impuesto por la Seguridad del Estado.
Prisoners Defenders resaltó en su informe que "en los últimos 12 meses (1 de septiembre de 2024 a 31 de agosto de 2025) se agregaron 152 presos políticos nuevos a la lista, lo que hace un promedio de 13 por mes".
Todos ellos sufren, destacó la ONG, "sentencias judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías, sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional".
Los nuevos casos registrados en agosto incluyen ciudadanos comunes, activistas y manifestantes pacíficos, muchos de ellos sin antecedentes, detenidos por ejercer derechos como la libertad de expresión, de manifestación y de reunión. Estos casos "reflejan un patrón recurrente de persecución política, uso desproporcionado de la fuerza, fabricación de cargos y aplicación de condenas penales extremadamente severas, todo ello con el objetivo de silenciar cualquier forma de oposición al régimen cubano", apuntó la organización humanitaria.
"En Cuba, la represión contra activistas y manifestantes pacíficos continúa intensificándose, dejando un rastro de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al debido proceso. En el último mes hemos registrado un alto número de casos de ciudadanos detenidos, procesados y condenados arbitrariamente por ejercer su derecho a la libertad de pensamiento, expresión, manifestación y reunión, la causa más habitualmente elegida por las autoridades cubanas para privar de libertad a miles de personas cada año", señaló el informe.
Prisoners Defenders subrayó, asimismo, que 472 presos políticos tienen patologías médicas graves, mientras que 41 sufren trastornos graves de salud mental y no reciben el tratamiento adecuado.
"Cuba ha totalizado 1.882 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta finales de agosto pasado, en apenas cuatro años y dos meses, de los cuales 1.735 han ingresado en prisión desde entonces", agregó.
"Cada mes que pasa, el régimen se torna más represivo. A pesar del número altísimo de presos políticos, las liberaciones por cumplimiento no alcanzan la cifra de los nuevos presos políticos y de conciencia".
El informe denunció, además, que en agosto la Fiscalía Provincial de Villa Clara solicitó condenas de hasta nueve años de prisión contra seis manifestantes pacíficos acusados de "desórdenes públicos", tras participar en una protesta por la falta de electricidad ocurrida en la localidad de Encrucijada, Villa Clara, en noviembre de 2024.
"A pesar de estas circunstancias, reconocidas por las autoridades, la fiscalía ha utilizado como agravantes sus publicaciones previas en redes sociales, es decir, su perfil ideológico, y el impacto mediático de su acción", indicó Prisoners Defenders.
"Entre los procesados se encuentra el escritor y periodista independiente José Gabriel Barrenechea Chávez, de 53 años, para quien la fiscalía pide seis años de cárcel, argumentando su 'total desafecto al proceso revolucionario y su máximo dirigente' en redes sociales", detalló la ONG.
Según un informe reciente del grupo de asesoría legal Cubalex, en el primer semestre de 2025 se registraron en la isla 1.566 violaciones de derechos humanos, con un promedio de casi nueve por día, lo que confirma, además de un aumento represivo, que "la instrumentalización de la ley para castigar el disenso es una tendencia clave".
La organización destacó que "la represión en Cuba sostiene un modelo sofisticado, diversificado y normalizado que va más allá del castigo penal y se expande al tejido social y psicológico. Las tendencias observadas revelan una estrategia integral del Estado para mantener el control social".
Asimismo, señaló la "normalización de la represión en el discurso estatal", ya que "el Estado emplea un discurso que justifica la represión bajo la narrativa del orden y la moral social. Esta peligrosa tendencia, con amparo legal, busca presentar la represión como una forma legítima de gobernanza", concluyó.
El régimen de Cuba mantiene, a día de hoy, a 1.185 presos políticos en sus cárceles. Según la ONG Prisoners Defenders, en agosto ingresaron 13 nuevas personas por motivos políticos en prisión, mientras que otras cuatro salieron de la lista: tres por cumplir íntegramente su condena y una, la activista Aymara Nieto Muñoz, por un destierro forzoso impuesto por la Seguridad del Estado.
Prisoners Defenders resaltó en su informe que "en los últimos 12 meses (1 de septiembre de 2024 a 31 de agosto de 2025) se agregaron 152 presos políticos nuevos a la lista, lo que hace un promedio de 13 por mes".
Todos ellos sufren, destacó la ONG, "sentencias judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías, sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional".
Los nuevos casos registrados en agosto incluyen ciudadanos comunes, activistas y manifestantes pacíficos, muchos de ellos sin antecedentes, detenidos por ejercer derechos como la libertad de expresión, de manifestación y de reunión. Estos casos "reflejan un patrón recurrente de persecución política, uso desproporcionado de la fuerza, fabricación de cargos y aplicación de condenas penales extremadamente severas, todo ello con el objetivo de silenciar cualquier forma de oposición al régimen cubano", apuntó la organización humanitaria.
"En Cuba, la represión contra activistas y manifestantes pacíficos continúa intensificándose, dejando un rastro de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al debido proceso. En el último mes hemos registrado un alto número de casos de ciudadanos detenidos, procesados y condenados arbitrariamente por ejercer su derecho a la libertad de pensamiento, expresión, manifestación y reunión, la causa más habitualmente elegida por las autoridades cubanas para privar de libertad a miles de personas cada año", señaló el informe.
Prisoners Defenders subrayó, asimismo, que 472 presos políticos tienen patologías médicas graves, mientras que 41 sufren trastornos graves de salud mental y no reciben el tratamiento adecuado.
"Cuba ha totalizado 1.882 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta finales de agosto pasado, en apenas cuatro años y dos meses, de los cuales 1.735 han ingresado en prisión desde entonces", agregó.
"Cada mes que pasa, el régimen se torna más represivo. A pesar del número altísimo de presos políticos, las liberaciones por cumplimiento no alcanzan la cifra de los nuevos presos políticos y de conciencia".
El informe denunció, además, que en agosto la Fiscalía Provincial de Villa Clara solicitó condenas de hasta nueve años de prisión contra seis manifestantes pacíficos acusados de "desórdenes públicos", tras participar en una protesta por la falta de electricidad ocurrida en la localidad de Encrucijada, Villa Clara, en noviembre de 2024.
"A pesar de estas circunstancias, reconocidas por las autoridades, la fiscalía ha utilizado como agravantes sus publicaciones previas en redes sociales, es decir, su perfil ideológico, y el impacto mediático de su acción", indicó Prisoners Defenders.
"Entre los procesados se encuentra el escritor y periodista independiente José Gabriel Barrenechea Chávez, de 53 años, para quien la fiscalía pide seis años de cárcel, argumentando su 'total desafecto al proceso revolucionario y su máximo dirigente' en redes sociales", detalló la ONG.
Según un informe reciente del grupo de asesoría legal Cubalex, en el primer semestre de 2025 se registraron en la isla 1.566 violaciones de derechos humanos, con un promedio de casi nueve por día, lo que confirma, además de un aumento represivo, que "la instrumentalización de la ley para castigar el disenso es una tendencia clave".
La organización destacó que "la represión en Cuba sostiene un modelo sofisticado, diversificado y normalizado que va más allá del castigo penal y se expande al tejido social y psicológico. Las tendencias observadas revelan una estrategia integral del Estado para mantener el control social".
Asimismo, señaló la "normalización de la represión en el discurso estatal", ya que "el Estado emplea un discurso que justifica la represión bajo la narrativa del orden y la moral social. Esta peligrosa tendencia, con amparo legal, busca presentar la represión como una forma legítima de gobernanza", concluyó.
