Dos presos del 11J lanzan un ultimátum a autoridades carcelarias luego de un episodio de violencia. Un recluso cubano termina entubado en un hospital, tras ser golpeado ocho días antes de terminar su condena. Diario de Cuba.

Los presos políticos Juan Enrique Pérez Sánchez y Roberto Fonseca, quienes cumplen condenas en la prisión de Quivicán, provincia Mayabeque, por participar en las históricas protestas antigubernamentales de los días 11 y 12 de julio de 2021, han lanzado un ultimátum a los jefes de la cárcel luego de que el primero fuera golpeado por un oficial: o se toman medidas o iniciarán una huelga de hambre.

Según la información difundida en Facebook por el activista Marcel Valdés y compartida por el Observatorio de Derechos Culturales, un oficial de la prisión identificado como Yosbel y conocido como "Azulito" inició la recogida de los presos del patio antes de que terminara el tiempo establecido en el Reglamento Penitenciario para que tomen el sol.

Pérez Sánchez reclamó por la arbitrariedad del oficial y este reaccionó golpeándolo en la cabeza.

Valdés resaltó que no se trata de un hecho aislado y que el oficial "ya tiene un historial de abusos dentro de la cárcel".

"El mismo individuo le ha negado atención médica al preso político Roberto Pérez Fonseca y anteriormente también golpeó a los presos políticos Vladimir y Lidier. Una conducta repetitiva que demuestra que no es un exceso puntual, sino una práctica sistemática de represión y tortura contra los presos políticos", subrayó el activista.

Como resultado de la agresión a Pérez Sánchez, tanto él como Pérez Fonseca están exigiendo a los jefes de la prisión que saquen al oficial de la prisión o tomen medidas con él.

"Si no se toman medidas, si no apartan a ese esbirro de la prisión o no detienen los abusos, Roberto Fonseca y Juan Enrique Pérez se plantarán dentro de la prisión de Quivicán como forma de protesta ante tanta represión y violencia", advirtió Marcel Valdés.

Durante protestas conocidas como el 11J, Pérez Sánchez portó un cartel en el que se leía la frase "Era tanto el hambre que nos comimos el miedo" en Nueva Paz.

Fue condenado a ocho años de prisión por los supuestos delitos de desórdenes públicos, desacato y sabotaje en un juicio que se extendió del 13 al 15 de diciembre de 2021 en el Tribunal de Santiago de las Vegas, en La Habana.

En prisión, ha sufrido abusos y padeció tuberculosis, entre otros problemas de salud. Desde octubre de 2025, es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pérez Fonseca cumple una sanción de diez años de cárcel por haber roto un retrato del difunto dictador Fidel Castro durante las protestas. Su hermano, el activista Albert Fonse, ha denunciado en múltiples ocasiones las negativas de atención médica al preso político para sus problemas de salud, así como las condiciones de hacinamiento de la prisión, el hambre y la falta de medicinas que enfrentan los reclusos.

Otro manifestante del 11J, Maikel Armenteros Oramas, quien había sido excarcelado bajo libertad condicional, lleva 16 días en una unidad policial de Santa Clara, pese a que la ley establece un máximo de tres días de reclusión antes de la revocación del beneficio carcelario.

"Cuando van a hacer una revocación, lo más que puede estar el revocado en una unidad policial son tres días y a los tres días hay que pasarte para prisión. A Maikel lo tienen preso ahí, tantos días y nadie da respuesta", denunció su madre, Josefa Oramas, al medio estadounidense Martí Noticias.

"El juez de Ejecución dice que él tiene una medida cautelar para una revocación pero que todavía no se había decidido que se iba a hacer, si lo van a revocar o lo van a soltar; que había que esperar", añadió.

De acuerdo con el medio estadounidense, el detonante de la situación en la que se encuentra actualmente Armenteros Oramas fue el incumplimiento del horario de restricción domiciliaria, que le prohíbe permanecer en la vía pública después de las 6:00 PM.

Un recluso cubano termina entubado en un hospital, tras ser golpedo ocho días antes de terminar su condena

Un preso cubano identificado como Gerardo Fiol, quien estaba a punto de terminar de cumplir su sanción de privación de libertad en la cárcel de San Ramón, en Campechuela, se encuentra ingresado en un hospital de Bayamo tras haber sido golpeado en la cabeza por otro recluso, informó en Facebook su hermano Enrique Pineiro Azahares, opositor y residente en Estados Unidos.

En varias publicaciones Pineiro Azahares ha afirmado que la agresión fue ordenada por la Seguridad del Estado. También ha acusado de negligencia a las autoridades de la prisión por su presunta tardanza en trasladarlo al hospital.

Su hermana le contó que solo supo del ataque 24 horas después de que ocurriera. Llegó a la prisión y se encontró al recluso vomitando y hablando incoherencias, por lo que reclamó que fuera hospitalizado.

El recluso fue llevado al hospital de Campechuela, "donde estuvo más de 12 horas para ser trasladado de madrugada hacia el centro hospitalario de Manzanillo, hospital Celia Sánchez Manduley", contó Pineiro Azahares citando el relato de su hermana.

Según la publicación más reciente del opositor, el miércoles había presencia de oficiales de la Seguridad del Estado en el hospital y el reeducador de la prisión estaba dentro de la sala en la que permanecía entubado el recluso.

Sobre el presunto atacante de su hermano, dijo que ahora "nadie lo conoce en el penal y ya lo desaparecieron".

Ese mismo día, según otra publicación de Pineiro Azahares, un presunto agente de la Seguridad del Estado identificado como "Ramiro" se presentó en el hospital para decirle a la familia que él debía dejar de publicar en las redes sociales o el perjudicado sería su hermano.

Al recluso le fue retirada la entubación el jueves, después de una operación y ya se encontraba respirando por sí mismo.