El régimen cubano se vale de un souvenir para acusar a Ángel Cuza de atentar contra la seguridad del Estado.Crece la alarma por la salud de presos políticos como Juan Enrique Pérez, Marco Antonio Alfonso y Manuel Velázquez. Diario de Cuba.

Crece la alarma por la salud de presos políticos como Juan Enrique Pérez, Marco Antonio Alfonso y Manuel Velázquez, blanco de represión dentro de las cárceles cubanas.

La reciente detención del periodista independiente y activista Ángel Cuza Alfonso ha sido calificada como un nuevo ejemplo del uso arbitrario del sistema penal en Cuba para silenciar voces críticas. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que Cuza Alfonso fue arrestado sin base jurídica válida, bajo una acusación de "delito contra la seguridad del Estado" relacionada con la posesión de un casquillo de bala vacío, usado como souvenir.

Según el OCDH, no existe ninguna prueba de que Cuza haya cometido un acto violento, planificado delito alguno ni posea armas, por lo que su detención viola el principio de legalidad penal y constituye un acto de represión política. El observatorio remarca que este tipo de acciones contradice no solo la Constitución cubana, que protege la libertad de expresión (Artículo 54), sino también compromisos internacionales asumidos por el país, como la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Cuza Alfonso ha sido objeto de vigilancia y acoso en el pasado por colaborar con medio independientes cubanos y por su activismo cívico.

Presos políticos entre el abandono y el castigo

A la par de esta denuncia, otras organizaciones como Cubalex y el Observatorio de Derechos Culturales (ODC) han reportado situaciones críticas en las cárceles cubanas.

Uno de los casos más alarmantes es el del artista Juan Enrique Pérez Sánchez, quien según el ODC lleva más de un mes con fiebre persistente, pérdida severa de peso, desmayos y síntomas neurológicos sin recibir atención médica oportuna en la prisión de Quivicán. La organización señala que, tras semanas de incomunicación y negligencia deliberada, las autoridades accedieron este 4 de agosto a trasladarlo a un hospital en La Habana, cuyo nombre aún no ha sido revelado.

La organización acusa directamente a los responsables penitenciarios de tortura médica por omisión, al impedir un tratamiento que pudo haberse realizado en el propio municipio de San José de las Lajas, donde existe infraestructura para atender a penados.

Hostigamiento sistemático: el caso Marco Antonio Alfonso

También en situación de vulnerabilidad se encuentra Marco Antonio Alfonso Breto, joven manifestante del 11 de julio (11J), actualmente recluido en el Combinado del Este, una prisión de máxima seguridad en La Habana.

De acuerdo con Cubalex, el joven fue recientemente ubicado nuevamente en un área peligrosa, compartida con reclusos reincidentes, lo que representa una amenaza directa a su seguridad física. Esta medida, señala la organización, es una estrategia común del régimen para provocar conflictos y fabricar nuevas causas penales.

Alfonso, de 23 años, fue condenado por sedición tras las protestas del 11J en La Güinera, Arroyo Naranjo, La Habana. Padece epilepsia y no recibe tratamiento médico adecuado, lo que agrava su estado físico en condiciones de reclusión ya de por sí inhumanas. En 2023 intentó huir a Estados Unidos, pero fue deportado tras ser detenido en Bahamas, lo que derivó en su reingreso a prisión en febrero de 2024.

Golpizas y castigos arbitrarios

A estas denuncias se suma el caso de Manuel Velázquez Licea, preso político en la prisión de Melena del Sur, Mayabeque, quien fue golpeado y encerrado en una celda de castigo durante más de una semana, según denunció su madre a Martí Noticias. La agresión, explicó, ocurrió el 25 de julio, víspera de la conmemoración oficial del asalto al cuartel Moncada. Las autoridades habrían querido evitar cualquier forma de protesta dentro del penal.

Velázquez, que es diabético, desarrolló lesiones en la piel que su familia debió tratar por su cuenta con medicamentos comprados fuera del sistema de salud penitenciario. La madre acusó directamente al represor Rudy Acosta Méndez de haberlo esposado y golpeado sin motivo.

Los casos mencionados comparten un mismo hilo conductor: el uso sistemático del sistema carcelario como instrumento de castigo político, ya sea mediante detenciones sin pruebas, negligencia médica deliberada o violencia institucional.

Las organizaciones de derechos humanos han llamado a la comunidad internacional a ejercer presión diplomática y visibilizar estos abusos, en un contexto donde cada vez más cubanos enfrentan represalias por ejercer derechos fundamentales.