Residentes del reparto Altamira, en Santiago de Cuba, salieron a las calles este lunes para exigir el restablecimiento del servicio de agua potable, tras más de tres meses sin recibir el líquido. Diario de Cuba.
'El Niágara en bicicleta': La falta de agua durante meses saca a la calle a
vecinos de Santiago de Cuba
vecinos de Santiago de Cuba
24 de septiembre de 2025
Del video de Yosmani Mayeta Labrada publicado en Facebook
En medio del creciente malestar ciudadano y condenas de cárcel para manifestantes, Díaz-Canel hace llamados al 'orden interior' y 'disciplina social'.
Residentes del reparto Altamira, en Santiago de Cuba, salieron a las calles este lunes para exigir el restablecimiento del servicio de agua potable, tras más de tres meses sin recibir el líquido en sus viviendas. La protesta, ocurrida en la intersección de 19 y Van Van, obligó a las autoridades locales a enviar una pipa, aunque la cantidad no fue suficiente y provocó enfrentamientos entre los propios vecinos.
"Estamos pasando el Niágara en bicicleta. Yo estoy sin dormir, velando nada más [que la pongan]. Llevamos un promedio de tres o cuatro meses sin agua", dijo una residente a Martí Noticias, bajo condición de anonimato.
La crisis hídrica afecta actualmente a más de 400.000 personas en Santiago de Cuba, según datos oficiales, y el propio Gobierno provincial reconoció que se trata de la situación más compleja desde 2014. Las causas principales son la falta de electricidad para bombear el agua, la sequía y el deterioro del equipamiento.
Aunque las autoridades anunciaron inversiones millonarias en trasvases, conductoras y nuevos equipos de bombeo, según publicó este mismo martes el diario oficial Granma, con promesas de alivio muy lejanas, la realidad en barrios como Altamira apenas cambia: tras la protesta, el servicio fue restablecido de forma parcial, pero no llega a las zonas altas. "Mi cisterna ni se enteró", dijo la vecina.
Videos en redes sociales mostraron la situación generada en el barrio. El periodista Yosmany Mayeta publicó en Facebook: "Residentes de Calle 19, de Van Van, en Altamira, no aceptan la muela de los dirigentes tras la crisis del agua en el barrio".
Más protestas, más represión, y Díaz-Canel pidiendo hacer cumplir la "estabilidad y la disciplina social"
El malestar social en Cuba se ha multiplicado por los apagones, la escasez de agua y alimentos, y el deterioro de los servicios básicos. La respuesta del régimen ha sido la criminalización de la protesta: este martes se supo de la sentencia de hasta 14 años de cárcel para quienes convocaron una manifestación que nunca se realizó; en Bayamo, 15 manifestantes pacíficos fueron condenados la semana pasada a entre tres y nueve años de prisión, mientras en Gibara al menos 27 personas fueron detenidas por reclamar en las calles soluciones a los dirigentes, según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
En este contexto, Miguel Díaz-Canel inauguró esta semana otro Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, en su cuarta edición este año, llamando a "garantizar la tranquilidad ciudadana, el respeto al orden interior, la disciplina social y la estabilidad en el país", según recogió un reporte de la televisión oficial. El gobernante equiparó la iniciativa con la lucha contra el narcotráfico, las ilegalidades y las "indisciplinas sociales", un discurso que refuerza el control estatal sobre barrios y centros de trabajo.
Residentes del reparto Altamira, en Santiago de Cuba, salieron a las calles este lunes para exigir el restablecimiento del servicio de agua potable, tras más de tres meses sin recibir el líquido en sus viviendas. La protesta, ocurrida en la intersección de 19 y Van Van, obligó a las autoridades locales a enviar una pipa, aunque la cantidad no fue suficiente y provocó enfrentamientos entre los propios vecinos.
"Estamos pasando el Niágara en bicicleta. Yo estoy sin dormir, velando nada más [que la pongan]. Llevamos un promedio de tres o cuatro meses sin agua", dijo una residente a Martí Noticias, bajo condición de anonimato.
La crisis hídrica afecta actualmente a más de 400.000 personas en Santiago de Cuba, según datos oficiales, y el propio Gobierno provincial reconoció que se trata de la situación más compleja desde 2014. Las causas principales son la falta de electricidad para bombear el agua, la sequía y el deterioro del equipamiento.
Aunque las autoridades anunciaron inversiones millonarias en trasvases, conductoras y nuevos equipos de bombeo, según publicó este mismo martes el diario oficial Granma, con promesas de alivio muy lejanas, la realidad en barrios como Altamira apenas cambia: tras la protesta, el servicio fue restablecido de forma parcial, pero no llega a las zonas altas. "Mi cisterna ni se enteró", dijo la vecina.
Videos en redes sociales mostraron la situación generada en el barrio. El periodista Yosmany Mayeta publicó en Facebook: "Residentes de Calle 19, de Van Van, en Altamira, no aceptan la muela de los dirigentes tras la crisis del agua en el barrio".
Más protestas, más represión, y Díaz-Canel pidiendo hacer cumplir la "estabilidad y la disciplina social"
El malestar social en Cuba se ha multiplicado por los apagones, la escasez de agua y alimentos, y el deterioro de los servicios básicos. La respuesta del régimen ha sido la criminalización de la protesta: este martes se supo de la sentencia de hasta 14 años de cárcel para quienes convocaron una manifestación que nunca se realizó; en Bayamo, 15 manifestantes pacíficos fueron condenados la semana pasada a entre tres y nueve años de prisión, mientras en Gibara al menos 27 personas fueron detenidas por reclamar en las calles soluciones a los dirigentes, según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
En este contexto, Miguel Díaz-Canel inauguró esta semana otro Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, en su cuarta edición este año, llamando a "garantizar la tranquilidad ciudadana, el respeto al orden interior, la disciplina social y la estabilidad en el país", según recogió un reporte de la televisión oficial. El gobernante equiparó la iniciativa con la lucha contra el narcotráfico, las ilegalidades y las "indisciplinas sociales", un discurso que refuerza el control estatal sobre barrios y centros de trabajo.
