Reflexiones críticas acerca de los impedimentos internos que enfrenta la transición democrática en Cuba: autoritarismo prolongado, exclusión política y unidad cívica. Por el abogado Frank Braña Fernández.
Abogado Frank Braña Fernández.- Colombia. Los factores externos o institucionales, como la represión del Estado, el control de los medios de comunicación, la falta de elecciones libres o el aislamiento internacional, suelen ser los temas alrededor de los cuales gira el debate sobre la permanencia del sistema político cubano. No obstante, este método es insuficiente si no se analizan las condiciones culturales y sociales que han estado presentes; y en algunas ocasiones reforzado; la permanencia del autoritarismo. Uno de los problemas estructurales que más frecuentemente se ignora con simplificaciones o descalificaciones morales es la falta de unidad del pueblo cubano para articular un proyecto democrático común.
La
extensión de un sistema autoritario por más de sesenta años no solamente
transforma las instituciones, sino que también modela a fondo la subjetividad
política de la comunidad. En Cuba, el poder no solo se ha restringido a
gobernar, sino que también ha participado de forma sistemática en la vida
diaria, debilitando los vínculos de confianza, erosionando las acciones
colectivas independientes y promoviendo una cultura política fundamentada en la
autocensura y la sospecha. En esta situación, la fragmentación social no es una
rareza de circunstancias específicas, sino que es el resultado lógico de un
sistema creado para evitar que surja una ciudadanía independiente y organizada.La
interpretación de la participación masiva de ciudadanos en organizaciones que
han sido creadas o controladas por el régimen durante los últimos 65 años es
uno de los aspectos más controversiales del debate público cubano, tanto dentro
como fuera de la isla. La adscripción a estas estructuras se ha empleado, en
muchas ocasiones, como un criterio para privar de legitimidad política a vastos
segmentos de la población, haciéndolos parecer colaboradores, defensores o
fervientes del sistema. Esta interpretación, no obstante, omite
intencionadamente el contexto de coerción, presión y manipulación en el que esa
participación ocurrió.
La
afiliación oficial a organizaciones no puede ser considerada de manera
automática como un acto ideológico en un sistema donde la inserción laboral, la
educación, ciertas oportunidades laborales e incluso la paz personal se han
visto supeditadas a que se muestre una «integración revolucionaria». Para
millones de cubanos, esa pertenencia fue una táctica de adaptación impuesta, un
método para sobrevivir en un ambiente donde la disidencia abierta suponía
costos personales y familiares difíciles de afrontar. No solo es un error
analítico confundir adaptación con convicción, sino también una manera de
injusticia retrospectiva.
Cuando
se considera cualquier panorama de transición democrática, este aspecto cobra
una importancia fundamental. Si se admite que solamente quienes no han tenido
participación alguna en las estructuras del régimen están moralmente
capacitados para involucrarse en la reconstrucción política de la nación, la
consecuencia ineludible será marginar a la mayor parte de los ciudadanos. No
solamente sería impracticable una transición basada en estándares de pureza
ideológica, sino que además iría en contra de los principios democráticos que
se buscan establecer. La democracia no se fundamenta en la depuración social,
sino en la inclusión crítica y el reconocimiento de caminos que han estado
marcados por la coerción.
La
unidad que requiere una Cuba democrática no significa tener el mismo
pensamiento ni rechazar la discrepancia política. En cambio, supone que se
acepta el pluralismo como un valor fundamental. Esto requiere que todos los
cubanos participen, sin importar su creencia religiosa, ideología política,
antecedentes de pertenencia a instituciones u origen social. La lógica de
exclusión que caracterizó al régimen autoritario se reproduce bajo nuevos
discursos cuando se excluyen sectores completos de la población con el
argumento de su pasado formal.
Es
preciso también, en este contexto, promover una reflexión crítica acerca del
papel que juega el exilio cubano. Sin lugar a duda, la diáspora ha jugado un
papel importante en la preservación de una memoria alternativa a la narrativa
oficial y en la denuncia internacional de las violaciones de los derechos
humanos. Sin embargo, las condiciones políticas y materiales de la
existencia son drásticamente diferentes desde el exilio, ya sea por voluntad
propia o forzado. Esto crea una desigualdad que no puede ser pasada por alto al
emitir juicios, establecer demandas o incitar acciones de confrontación
directa.
Desde los contextos de libertad, hablar, exigir o convocar conlleva una
responsabilidad ética específica. No se trata de acallar al exilio ni de
disminuir su legitimidad, sino de aceptar que aquellos que permanecen en la
isla afrontan peligros inmediatos y específicos que no son comparables a los del
discurso político exterior. Sobre la comprensión de los diferentes modos, tanto
visibles como ocultos, de resistencia, desgaste y adaptación social, se debe
edificar una verdadera transición democrática; no sobre el hecho de culpar a
aquellos que han vivido bajo vigilancia constante.
El
análisis comparado de las transiciones políticas revela que los procesos
democráticos estables no se originan a partir de divisiones absolutas ni de
narrativas moralmente binarias, sino a partir de acuerdos mínimos, negociaciones
complejas y reconfiguraciones graduales del ámbito político. En el caso de
Cuba, la falta de una unidad cívica fundamental, basada en el reconocimiento
mutuo y en normas compartidas, ha obstaculizado hasta este momento la creación
de ese umbral democrático esencial.
En
resumen, la ausencia de unidad entre los cubanos no se debe a la diversidad
ideológica, que es característica de cualquier sociedad plural, sino a la
permanencia de lógicas excluyentes que dividen al cuerpo social y permiten que
el autoritarismo persista. La democracia continuará siendo un ideal
abstracto mientras se continúe interpretando la historia reciente en términos
de culpabilidad colectiva y se ignore lo complejas que son las trayectorias
individuales bajo un régimen de control duradero. Para concebir una transición
democrática que sea realista, inclusiva y políticamente madura, es esencial
aceptar que la mayoría de los cubanos ha sido manipulados, presionados y
reprimidos en primer lugar; y no necesariamente defensores del sistema.
