¿Quién será dueño de Cuba? La lucha por el poder económico antes de la transición. Por Edel González Giménez. Diario de Cuba.

Existen elementos que permiten sostener la hipótesis de que ya ha comenzado un proceso de reconfiguración patrimonial mediante diversas fórmulas de transferencia y concentración de activos públicos.

Cuando se habla del futuro de Cuba, casi todas las miradas se concentran en la política. Se discute quién gobernará, cómo será la futura Constitución, qué ocurrirá con el Partido Comunista, cuándo podrán celebrarse elecciones libres o cómo reconstruir las instituciones del Estado de derecho.

Son preguntas imprescindibles. Pero quizá no sean las más decisivas.

Existe otra cuestión que, aunque no deja de debatirse, debe sostenerse porque puede terminar condicionando el país durante varias generaciones, y esta problemática nos fuerza preguntar quién será dueño de Cuba antes de la transición.

No se trata únicamente de quién administrará el Estado. Se trata de quién controlará las empresas, la tierra, los hoteles, la infraestructura turística, las telecomunicaciones, los puertos, los aeropuertos, la minería, la energía, las grandes inversiones y, en definitiva, los servicios de ocio y recreo fundamentales, el patrimonio económico construido o acumulado.

La experiencia comparada demuestra que las transiciones no comienzan siempre con un cambio de gobierno. Con frecuencia empiezan mucho antes. En distintos países, las elites políticas han comprendido que mantener indefinidamente el monopolio del poder resulta imposible. Y, en lugar de impedir toda transformación, han optado por otra estrategia: convertir progresivamente su influencia política en posiciones económicas privilegiadas.

No desaparecen. Simplemente cambian la naturaleza de su poder.

Los procesos vividos en diversos países de Europa del Este, así como las reformas económicas desarrolladas en China o Vietnam, muestran que las transformaciones económicas y las transformaciones políticas no siempre avanzan al mismo ritmo. En ocasiones, la apertura económica precede a la apertura institucional. En otras, la sustituye parcialmente. Y en no pocos casos, quienes ocupaban posiciones privilegiadas dentro del aparato estatal terminan llegando al nuevo escenario con ventajas económicas que condicionan durante décadas el funcionamiento del mercado y de la propia democracia negada.

Naturalmente, Cuba no tiene por qué reproducir ninguno de esos modelos. Cada transición responde a circunstancias propias. Pero precisamente por eso conviene observar con atención qué está ocurriendo hoy.

Las 176 medidas económicas recientemente anunciadas por el régimen cubano no solo deben analizarse por su potencial o declarada capacidad para aliviar la profunda crisis que atraviesa el país. También obligan a formular preguntas sobre el futuro.

¿Quién está obteniendo las nuevas oportunidades económicas?

¿Quién dispone del capital necesario para invertir?

¿Quién puede asociarse con empresas extranjeras?

¿Quién controla los sectores estratégicos de la economía?

¿Quién llegará al eventual escenario de apertura con una posición patrimonial consolidada?

Plantear estas preguntas no constituye un ejercicio especulativo, sino una exigencia legítima de análisis. Existen elementos que permiten sostener razonablemente la hipótesis de que ya ha comenzado un proceso de reconfiguración patrimonial mediante diversas fórmulas de transferencia y concentración de activos públicos. Esta preocupación no se fundamenta únicamente en determinadas operaciones económicas conocidas, sino también en el hecho de que dicha transformación está teniendo lugar sin que existan las garantías institucionales y jurídicas mínimas que aseguren igualdad de oportunidades, transparencia, libre competencia, control independiente y rendición de cuentas.

A ello se suma un contexto en el que continúan severamente restringidas las libertades públicas y permanece limitada la capacidad de actuación de una sociedad civil independiente, de la prensa libre y de otros actores sociales que, en un sistema democrático, desempeñarían un papel esencial de fiscalización, denuncia y control sobre la forma en que se redistribuyen los activos y las oportunidades económicas.

Reconocer desde la historia que estos fenómenos comienzan mucho antes de que cambien las constituciones o los gobiernos es un punto de partida necesario por la salud del escenario de cambio que debe imponerse en la Isla. Mientras la sociedad discute el futuro político, la distribución de la riqueza puede estar configurándose silenciosamente, a velocidad y magnitud muy peligrosas.

Ese riesgo merece, por tanto, gran atención. Porque una democracia puede construirse mediante elecciones libres y nuevas instituciones; pero lo que resulta mucho más difícil de corregir es una estructura económica profundamente desigual nacida al amparo de posiciones privilegiadas adquiridas durante el régimen anterior.

Por eso, la futura transición cubana no deberá limitarse a garantizar el pluralismo político. También tendrá que asegurar que la transformación económica se produjo y produzca bajo reglas de transparencia, igualdad de oportunidades, libre competencia, seguridad jurídica, justicia social y sometimiento efectivo al nuevo Estado de derecho.

No para impedir que surjan nuevos empresarios. Todo lo contrario; sino para garantizar que cualquier cubano pueda competir en igualdad de condiciones y que el acceso al patrimonio nacional no dependa de la cercanía previa al poder político. Quienes se aprovechen o hubieren aprovechado de las circunstancias tendría que responder –como responderá cualquier represor—ante un nuevo sistema de justicia velador y controlador de las formas en que se traspasó y adquirió el capital.

En ese orden, reiteramos que en toda transición existe un momento especialmente delicado; y es aquel en que el poder político comienza a transformarse en poder económico. Quienes estudian las experiencias comparadas saben que ese instante suele pasar inadvertido para la mayoría de la población, en particular aquella que como la cubana está sumida en tareas cotidiana de supervivencia personal, familiar y social, pero sus consecuencias pueden proyectarse durante generaciones.

Por eso la pregunta más importante sobre el futuro de Cuba no es únicamente quién gobernará el país. Otra pregunta decisiva es esta: ¿quién será dueño de Cuba cuando llegue la transición?

Porque los gobiernos cambian, las constituciones se reforman, las leyes se derogan, pero las estructuras patrimoniales que se consolidan en momentos de transformación suelen perdurar mucho más que los propios sistemas políticos, error que debemos advertir y, como sociedad civil, debemos impedir todos.